TeleSUREste miércoles se cumplen cuatro meses desde que se ejecutó un golpe de Estado en Honduras que sacó al presidente Manuel Zelaya del poder, y en donde persiste una grave crisis política debido a la postura de un régimen de facto que no termina de abandonar el Gobierno para que la constitucionalidad retorne a esa nación.
"Yo considero que a estas alturas, después de cuatro meses, ya las autoridades de todos los países se han dado cuenta que en Honduras se está instalando un régimen dictatorial", denunció el primer mandatario legítimo desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se resguarda desde el pasado mes.
El jefe de Estado centroamericano fue sacado a la fuerza de su país el pasado 28 de junio, por un grupo de militares encapuchados el día en que se realizaría un sondeo para medir la opinión pública sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Zelaya intentó ingresar a su país en dos oportunidades fallidas y finalmente, el 21 de septiembre regresó a Tegucigalpa y desde entonces se encuentra refugiado en la sede diplomática bajo fuertes mecanismos de seguridad.
"Regresé para buscar una salida pacífica a la crisis, para revertir el golpe y poder celebrar las elecciones y para que el país sea aceptado nuevamente por la comunidad internacional", dijo el primer mandatario en esa oportunidad.
El pasado 7 de octubre, se instaló una mesa de diálogo con la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y comisiones de ambos gobiernos, que no logró concretar ningún acuerdo ante la insistencia del presidente de facto, Roberto Micheletti, de seguir en el poder.
Ante la grave situación, el secretario de Asuntos Políticos del organismo internacional, Víctor Rico, llegó a Honduras en las últimas horas para preservar las negociaciones.
Asimismo, se espera que este miércoles llegue a Tegucigalpa una delegación encabezada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon.
La intención es lograr avances en el Acuerdo de San José, promovido por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que contempla en primera instancia la restitución de Zelaya a la presidencia con una serie de condicionamientos que restringen sus funciones.
Micheletti había anunciado su propósito de no permitir el regreso al poder del presidente Zelaya y sugirió nombrar a un tercero con la intención de aplazar cualquier solución a la crisis actual.
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, descartó el martes que la restitución del presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea tema a tratar en la reunión que sostendrá con el subsecretario de Estado estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, que arribará al país centroamericano este miércoles.
"Nosotros estamos claros: no hay restitución, nosotros podemos hablar del tema de una tercería, de una sustitución constitucional, es lo que hemos platicado", afirmó Micheletti en rueda de prensa.
El mandatario de facto informó había sostenido una conversación "como de media hora" con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acerca de la comisión oficial estadounidense que llega este miércoles a Honduras.
Indicó que lo importante "de ahora en adelante (es) el tema de las elecciones, no vamos a arreglar absolutamente nada, ni el diálogo, ni nada si no es posterior a las elecciones, ya estamos a 32 días de los comicios y no podemos estar jugando con ese tema".
A pesar de esto, una de los tres integrantes del equipo negociador de Micheletti, Vilma Morales, aseguró que se podría lograr un acuerdo "a más tardar la próxima semana".
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, aseguró este lunes que el secretario de estado adjunto Tomas Shannon encabezará la delegación que buscará instar a Micheletti y a Zelaya a hallar una solución.
La comitiva estadounidense se reunirá "con los representantes de ambas partes para discutir estrategias para hacer avanzar el proceso" del Acuerdo de San José, indicó este lunes a periodistas el vocero.
Las negociaciones quedaron estancadas la semana pasada cuando la delegación del gobierno de facto no aceptó las propuestas de los enviados de Zelaya que determinar la restitución del mandatario, algo que fue catalogado por las autoridades consitucionales como trabas destinadas a dilatar la vuelta a la democracia.
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