viernes, 23 de septiembre de 2011

Centroamérica: Posicionamiento político de cara a la COP 17 en Durban

Por Observatorio de la Sostenibilidad Red Latinoamérica

Las organizaciones miembros del Observatorio de la Sostenibilidad Red-Latinoamérica  (SUSWATCH), preocupadas por el lento progreso de las negociaciones internacionales en la  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en sus 17 años de reuniones y conscientes de los graves efectos adversos que el cambio climático está generando en las comunidades empobrecidas y vulnerables de Latinoamérica y el mundo,  así como los graves riesgos que representa para nuestro futuro y bienestar socioeconómicoambiental  y cultural, exponemos a continuación nuestras expectativas con respecto a la próxima Conferencia de las Partes 17 (COP 17/MOP 7, por sus siglas en inglés) a realizarse en Durban, Sudáfrica. 

Instamos a las delegaciones oficiales de nuestros países y representantes regionales a que en bloques negociadores y no unilateralmente, asuman con seriedad y de forma decidida, el compromiso de lograr acuerdos significativos en la COP17 de Durban, en correspondencia con la ciencia y las necesidades urgentes de las poblaciones más vulnerables del planeta, enfrentando todas las decisiones políticas fundamentales del Plan de Bali que no fueron aprobadas en Copenhague ni en Cancún.

Urgimos al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lograr como bloque ante la CMNUCC,el reconocimiento oficial a Centroamérica como región altamente vulnerable a los impactos adversos y extremos del cambio climático, de manera consistente con la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).
 
Las naciones latinoamericanas deben definir e implementar estrategias participativas que fortalezcan la institucionalización, las capacidades y el financiamiento para la gestión de riesgo a desastres, como un mecanismo vital en la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, ante graves evidencias, como el retroceso de glaciares, sequias,inundaciones, que están afectando la seguridad y soberanía alimentaria, así como el acceso al agua. 

Reafirmamos que la CMNUCC es el espacio oficial de negociación en materia de cambio climático y rechazamos la promoción de procesos paralelos y parciales tales como lo acontecido en Copenhague en 2009, o el reciente interés del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de declarar el cambio climático como una amenaza a la paz y seguridad mundial abriendo posibilidades riesgosas de extraer las negociaciones del marco de la CMNUCC. Así mismo, nos preocupan los procesos paralelos sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que actualmente impulsan el Banco Mundial y ONU-REDD

Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento del Plan de Acción de Balí, como el camino de consenso elegido por las naciones firmantes de la CMNUCC, y ratificamos la urgencia de lograr compromisos ambiciosos, vinculantes, incluyentes y equitativos que constituyan el nuevo régimen climático global, superando las deficiencias del pasado.

Reiteramos que las resoluciones sobre el régimen climático post 2012, deben garantizar el respeto irrestricto de los derechos de pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y comunidades locales, consignados en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demás instrumentos internacionales, por lo que la COP 17 deberá establecer sistemas de información y seguimiento del cumplimiento de los mismos, en los diferentes mecanismos acordados en la CMNUCC, con especial atención en el diseño y la implementación de aquellos vinculados con nuestros bosques y procesos de consulta previa, libre, informada e inclusiva.

Nos pronunciamos a favor y demandamos el establecimiento de un segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kyoto (2 PC PK), al cual deben someterse todos los países Anexo I, acordando prontamente metas cuantificadas de reducción de emisiones para el período 2013-2017 en los que se reconozca y supere la brecha de gigatoneladas de gases de efecto invernadero (GEI). Estos compromisos deben ser no menores al 40% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020 y de esta manera evitar un incremento mayor a 1.5 grados Celsius en la temperatura promedio del planeta y se deben asumir además compromisos mundiales de desarrollo económico bajo en carbono.
Es imperante que las soluciones de las problemáticas que plantea el cambio climático sean asumidas como responsabilidades principalmente de los gobiernos y no exclusivamente de los mercados, por lo que objetamos las “falsas soluciones o de maquillaje verde” que algunos países han propuesto en las negociaciones, entre las cuales se encuentran los agrocombustibles, los transgénicos, la biología sintética, el establecimiento de “offsets” o comercio de emisiones para REDD+, las mega-hidroeléctricas, declarándolas una amenaza para nuestras poblaciones.
Reiteramos nuestro compromiso con los principios de justicia climática, equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, en base a las capacidades nacionales, demandando el reconocimiento de la deuda histórica ecológica y la crisis climática.

PRIORIDADES REGIONALES

Uno de los aspectos más preocupantes de los acuerdos resultantes de Cancún, es que se trasladaron responsabilidades mayores a los países en desarrollo a partir de sus propios recursos y capacidades, con mecanismos onerosos y nuevos procedimientos complejos, restando nuestras capacidades para la atención directa de los efectos adversos y extremos del cambio climático.

De cara a Durban, Latinoamérica debe priorizar temáticas de interés regional tales como adaptación, gestión de riesgo a desastres, acceso a financiamiento, transferencia de tecnologías apropiadas, estrategias nacionales de reducción de la deforestación y degradación, conservación de los bosques y la biodiversidad, a la vez que se fortalece con beligerancia la demanda de acuerdos reales hacia los países desarrollados en materia de la forma legal de los compromisos, mitigación, financiamiento de largo plazo, transferencia de tecnología y capacidades, sin aceptar nuevas cargas para nuestros países.

Con base en lo expuesto, proponemos las siguientes acciones como parte de las grandes áreas que atiende la Convención:

ADAPTACIÓN:

En materia de adaptación, la COP 17 debe adoptar acuerdos para definir la composición, modalidades y puesta en funcionamiento del Comité de Adaptación durante el año 2012, en el cual la región debe contar con una representación adecuada, efectiva y permanente. Así mismo, se debe propiciar el establecimiento de mecanismos de participación efectiva de organizaciones de sociedad civil, para asegurar la inclusión de lineamientos sobre aspectos técnicos y financieros sobre la base de la gestión socio-ambiental local, con independencia de los gobiernos y las grandes empresas.

Resulta urgente la implementación de mecanismos y recursos dirigidos a la gestión sustentable del agua principalmente la apta para el consumo humano, la conservación y recuperación de los ecosistemas, garantizar la soberanía alimentaria sobre la base de la agrobiodiversidad, el ordenamiento territorial ambiental y la planificación física, priorizando las áreas vulnerables ante los efectos adversos y negativos del cambio climático, los que deben ser incorporados en los Planes Nacionales de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés) para los cuales la COP 17 debe acordar lineamientos claros, guías metodológicas para su implementación, mecanismos de participación donde la región deberá asegurar que sus prioridades queden plenamente incorporadas.

Así mismo resulta importante que la región promueva acuerdos en la implementación de nuevas actividades en el Programa sobre Pérdidas y Daños, en el cual se incluyan actividades relacionadas con la gestión para la reducción de riesgo a desastres, y una fase adicional del Plan de Trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y prácticas de adaptación, en la que se establezcan mecanismos financieros de largo plazo para pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático en el que se reconozca la deuda histórica ecológica y la crisis climática.

FINANCIAMIENTO Y FONDO VERDE CLIMÁTICO:

La debe acordar la operativización y puesta en práctica del Fondo Verde Climático, estableciendo claramente las fuentes de financiamiento (país de origen y plazos) que garanticen fondos estables, sostenibles, predecibles y aportados por los países desarrollados, que no deben generar deuda interna ni externa a los países en desarrollo.

Debe quedar claramente establecido que el Fondo Verde Climático estará sometido a la autoridad de la COP y que su sistema de gobernanza será dirigido por una junta integrada equitativamente por representantes de las 5 regiones del planeta, independientes de cualquier agencia de cooperación multilateral, habilitando la participación efectiva de sociedad civil y contando con un mecanismo de gobernanza que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y reafirme a la COP su autoridad para decidir en relación a sus políticas, programas y prioridades.

Los mecanismos de financiamiento deben ser de ágil acceso con al menos el 50% de los recursos destinados para la adaptación al cambio climático. Los países desarrollados (Anexo I) deben movilizar los recursos para garantizar el cumplimiento de la meta de 100 billones de dólares, en unidades monetarias constantes, para 2020 acordados en Cancún, adicionales al Programa de Ayuda Oficial al Desarrollo y provenientes principalmente de fondos públicos. Al mismo tiempo debe establecerse un proceso para reevaluar y adecuar periódicamente el avance de los compromisos financieros por parte
de los países desarrollados, el cual deberá estar sujeto a procesos anuales de medición, reporte y verificación.

MITIGACIÓN

En lo que respecta a implementación de REDD+ en sus 3 fases, tal como fue acordado en COP 16, se deben priorizar reglas y normas claras que garanticen detener la deforestación y degradación de nuestros bosques, sustento de ciclos vitales y vínculo de culturas ancestrales, los cuales resultan fundamentales para la adaptación; y al mismo tiempo no satisfacer únicamente las necesidades del mercado en detrimento de los aspectos fundamentales de REDD+.

En la COP 17 deben acordarse mecanismos para garantizar el respeto de las salvaguardas sociales y ambientales. Así como la definición transparente de las fuentes de financiamiento, privilegiando los recursos procedentes de fondos públicos y de recursos vinculados con el mercado, tales como impuestos a las transacciones financieras internacionales, al uso de energía no renovable y a la aviación internacional, sin incidencia neta sobre los países en desarrollo.

Rechazamos el establecimiento de “offsets” o comercio de carbono para REDD+ por los riesgos que entraña, al igual que la dificultad metodológica de su implementación, que reduce nuestros bosques a meras reservas de carbono desconociendo las funciones ecosistémicas, el valor de la biodiversidad, de la cultura y la importancia para la sobrevivencia humana y la calidad de vida.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

La COP 17 debe acordar los lineamientos del Mecanismo Tecnológico que permitan una gestión y evaluación continúa del intercambio de tecnologías limpias, además de social y ambientalmente sustentables, orientadas a la adaptación al cambio climático, estableciendo un inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual y, en particular, de patentes, que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

La transferencia tecnológica debe ir orientada a la creación y adopción de modelos de desarrollo adecuados a las particularidades culturales, saberes y costumbres de los pueblos ancestrales y los países que incorporen las tecnologías bajas en carbono, los conocimientos, experiencias y buenas prácticas campesinas e indígenas en materia de agricultura sostenible y agroecología. Además deben respetarse los derechos colectivos de los pueblos originarios sobre el uso del material genético nativo.

Deben quedar claramente establecidas las fuentes de financiamiento para el Mecanismo Tecnológico, las cuales no deben generar endeudamiento ni estar condicionadas exclusivamente a mecanismos de mercado.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD RED LATINOAMÉRICA (SUSWATCH) COMPROMISOS DE NUESTRAS ORGANIZACIONES 

Nuestros pueblos están urgidos de encontrar soluciones reales y oportunas a esta creciente crisis climática y sus efectos adversos. Las organizaciones articuladas bajo el Observatorio de la Sostenibilidad Red Latinoamérica (
SUSWATCH) ratificamos el compromiso de continuar contribuyendo con propuestas de soluciones conjuntas que articulen los esfuerzos gubernamentales con los de la sociedad civil organizada para encontrar respuestas efectivas a los impactos del cambio climático en las poblaciones más vulnerables, evitando daños graves a los ecosistemas y sobre todo, reduciendo las pérdidas en vidas humanas. 

Dejamos constancia de manera particular, de la situación lamentable al respecto de que los países centroamericanos no hayan logrado aún el reconocimiento oficial de la región como altamente vulnerable a los impactos del cambio climático en la CMNUCC, habiendo desatendido las prioridades comunes, privilegiando los intereses específicos de cada país. 

Así mismo, vemos con gran preocupación que las autoridades nacionales y regionales encargadas del seguimiento de REDD+ no hayan sometido estas decisiones a procesos serios de discusión y consulta sobre los posibles impactos y beneficios del mecanismo, desencadenando acciones de implementación que podrían tener consecuencias adversas sobre los bosques y la calidad de vida de las comunidades dependientes de ellos. 

Ratificamos el compromiso de promover un modelo de desarrollo en armonía con el patrimonio natural y cultural, que sea más humano, más justo y solidario, basado en el respeto a la Madre Tierra. 

En tal sentido, enfatizamos nuestro apoyo a los siguientes temas vitales e irrenunciables:
• Declaratoria de Centroamérica como región altamente vulnerable.
• Fortalecimiento de los procesos de gestión para la reducción de riesgos a desastres.
• Incremento de prácticas de adaptación desde lo local, que puedan ser replicadas a mayores niveles
• Continuar la incidencia política en los posicionamientos de los países relacionados con adaptación, mitigación, financiamiento, transferencia de tecnología e investigación.
 

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