sábado, 10 de diciembre de 2011

Honduras: La Fiscalía no ha hecho nada para esclarecer los asesinatos políticos

Por Marvin Palacios - Defensores en Línea

Familiares de las víctimas de los asesinados y asesinadas por razones políticas durante y posterior al golpe de estado de 2009, realizaron un plantón frente al Ministerio Público y entregaron una carta pública al Fiscal General Luis Alberto Rubí para exigir el esclarecimiento de las muertes violentas de sus parientes.

Los familiares llegaron a la capital desde varias regiones del país y muchos de ellos y ellas derramaron lágrimas por la situación de impunidad que atraviesan sus familias, en vista de la desidia e indiferencia mostrada hasta el momento, por la Fiscalía General de la República.

Adelina López Rodríguez, madre del maestro Félix Murillo expresó que a dos años de producirse el asesinato de su hijo, no hay ningún avance en las investigaciones.

La acongojada madre añadió que la muerte de su hijo fue un asesinato político. “Encontramos a mi hijo un día después de su muerte, reportado como desaparecido, estaba sin documentos, sin nada, los bomberos lo recogieron enfrente del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), porque ahí lo fueron a tirar”.

Apareció como si había sido un accidente en el hospital Escuela, “él ya estaba en la morgue totalmente golpeado, desfigurada su cabeza, tenía hematomas en su rostro, brazos y piernas, así que no pudo ser un accidente porque la moto en la que se conducía, no tenía nada, ni un rayón o una vía quebrada, y la moto la tenía la policía, en la posta de la colonia Kennedy”, relató doña Adelina.

Por su parte Liliana Flores, hermana del profesor José Manuel Flores, muy compungida por el asesinato  de su pariente dijo que el caso de su hermano fue producto de una persecución política.

Flores añadió que después de 2 años de reclamar una investigación sin resultados “se siente impotencia, los organismos del Estado no han cumplido con el esclarecimiento del asesinato de mi hermano y aquí andamos exigiendo justicia, para que cese la impunidad, que cese la persecución política”.

Mientras tanto Wilfredo Moncada, hermano  Francisco Alvarado asesinado en la colonia Flor del campo en horas de la noche del 22 de septiembre de 2009, llegó al plantón para demandar al igual que el resto de familiares que el Ministerio Público responda a sus reclamos.

Moncada relató que su hermano fue víctima del brutal ataque de efectivos policiales que llegaron a la colonia Flor del Campo para sofocar las manifestaciones de sus habitantes en contra del golpe de estado militar.

Francisco Alvarado murió cuando fue alcanzado por un disparo, de los múltiples ejecutados por agentes policiales en contra de manifestantes del Frente Nacional de Resistencia Popular.

El profesor Roger Vallejo murió también de un disparo en la cabeza en el mes de septiembre de 2009 frente al mercado zonal Belén, su hermana Leonor Vallejo expresó que se “siente una impotencia de no poder hacer nada, de que nadie nos da respuestas de nada, nuestras autoridades no hacen nada y yo no tengo esperanzas últimamente de que puedan hacer algo”.

Al consultarle si existen indicios de que agentes del estado estarían involucrados en el asesinato de Roger Vallejo, Leonor contestó que “de inicio nos dijeron que eran policías los que lo habían asesinado vestidos de azul, nada más, pero ¿quién fue al fin?, no se sabe”.

Durante el plantón, una comisión de familiares entregó la “carta pública” a una asistente del Fiscal General Luis Alberto Rubí, en vista de que supuestamente el funcionario público no se encontraba en su despacho.

La carta contiene las exigencias y demandas de los familiares de los asesinados políticos que después de 2 años de perpetrados los crímenes, esperan que se identifique a los victimarios para que sean juzgados y se les aplique el peso de la ley.

La carta fue refrendada por más de 60 asociaciones y organizaciones sociales y de derechos humanos de varios países del mundo. El plantón se desarrolló en el contexto del día de la Declaración Internacional sobre defensores y defensoras de derechos humanos aprobada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.

La memoria histórica reciente, registra que la Fiscalía General de a República se confabuló con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejecutar el golpe de Estado contra el Presidente constitucional Manuel Zelaya y que además se encargó de criminalizar a miles de personas por oponerse a la ruptura del orden constitucional, aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).


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