miércoles, 4 de julio de 2012

Honduras: Presentan recurso de inconstitucionalidad contra decreto que otorga facultades policiales a las FFAA

Foto G. Trucchi
COFADEH sostiene que el cuerpo castrense no puede hacer acciones invasivas de los espacios estrictamente civiles

Por Marvin Palacios - Defensores en Línea

El ciudadano Wilfredo Yánez padre del niño Hebed Haziel,  que murió acribillado por efectivos militares que controlaban un retén en la salida a Villa Vieja el pasado 27 de mayo, interpuso con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto que otorga facultades exclusivas de la policía a las Fuerzas Armadas.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la sede del COFADEH el martes 3 de julio del año en curso. En la mesa principal estuvieron la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, el abogado Darlam Matute y Wilfredo Yánez.

Bertha Oliva dijo que se tomó la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto que faculta a las fuerzas militares a hacer labores policiales en la calle.

Oliva adelantó que la persona que ha sido enviada a prisión por el caso del niño Hebed Haziel Yánez Cáceres ha sido la de menos rango tal y como lo había proyectado el comité y se trata del sargento Eléazar Abimael Rodríguez.

Entre tanto al subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez les fueron dictadas medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

La defensora de derechos humanos señaló que “esa persona de menor rango dentro del operativo en el cual se eliminó al niño estaba obedeciendo órdenes, porque nadie, ningún militar dispara sin recibir una orden y ahí estaba plenamente identificado el militar que estaba a cargo y que además participa del operativo; a eso se llama impunidad”.

Eso se llama impunidad absoluta, dar permiso y otorgar leyes para seguir matando a este pueblo, por eso es que tomamos esa acción ante la Corte Suprema de Justicia porque don Wilfredo Yánez ha ido a varios espacios estatales para presentar formal denuncia y que se le acompañe en esta gesta de dolor, pero sobre todo patriótica, sin resultados, apuntó Oliva.

Por su parte Wilfredo Yánez dijo que el viernes 29 de junio nos apersonamos con la representante legal del COFADEH, Karol Cárdenas en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad por el decreto ley aprobado por el Congreso Nacional que le da potestad a las Fuerzas Armadas para traer sus miembros de las diferentes compañías a las ciudades a hacer labor de policía preventiva.

“Ya sabemos que ellos no están preparados para esto, entendemos muy bien que ha sido un craso error, pero yo no puedo aceptar que ellos también no entiendan esa situación y más bien considero que no les importa”, sostuvo Yánez.

Añadió que con esta acción se busca echar atrás esa ley para que los militares no sigan haciendo labores que corresponden a la policía preventiva. “Ya la Constitución de la República menciona cuál es la responsabilidad de cada miembro de las FFAA y cuál la responsabilidad de la policía”.

“Esperamos que la Corte Suprema de Justicia se manifieste a favor del recurso y con esto evitar más muertes y evitar que otras familias vivan el dolor que nosotros hemos estado viviendo”.

Yánez expresó sentirse satisfecho en parte, porque por un lado se llevó a juicio a 3 personas, ya que la norma en nuestro país, aseguró, es que estos casos queden impunes en donde matan a las personas y todo pasa sin que nada pasara.

“Gracias a Dios hay 3 con autos de prisión, dos con medidas cautelares (el subteniente de Infantería Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez) y uno en prisión, como es el caso del sargento Eleázar Abimael Rodríguez, pero el que se conducía en el vehículo con el que persiguieron a mi hijo, andaba un oficial que fue el que ordenó que abrieran fuego, y ese mismo oficial es el mismo que está gozando de medidas sustitutivas en este momento”, aseguró Yánez.

Yánez dijo que será la Fiscalía de Derechos Humanos y el COFADEH en el acompañamiento que me está brindando, los responsables de que se trate de cambiar esas acusaciones y que los 3 militares no se vayan ni siquiera por homicidio sino por asesinato, porque hubo alevosía y ventaja en ellos.

“Vamos a llegar al cielo o vamos a llegar al infierno si es posible, para que todas las personas que tengan responsabilidad de este acto, vayan delante del juez y que sea el juez quien determine cuál es su responsabilidad”, aseguró el padre del niño asesinado a manos de los militares.

El abogado Darlam Matute dijo que lo importante en este caso es que se ha avanzado con la presentación del recurso y que cree que en las actuales circunstancias, el proceso de militarización del país está provocando caos a nivel nacional, porque no puede ser que un ejército que está preparado para defender el territorio nacional esté ejerciendo funciones policiales.

“Porque ellos sencillamente está formados para matar, para eliminar al enemigo, esa es una de las funciones principales, al contrario de la policía nacional que ejerce más labores preventivas”, explicó Matute.

El recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional se interpuso el pasado viernes 29 de junio en contra del decreto número 223-2011 aprobado por el Congreso Nacional el 21 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 32685 del 3 de diciembre de 2011.

El COFADEH sostiene que el cuerpo castrense no puede hacer acciones invasivas de los espacios estrictamente civiles y que la Policía Nacional es el órgano uniformado encargado de mantener el orden interior del país y la seguridad pública.

Además el recurso presenta un análisis del artículo 274 de la Constitución en donde se establecen las funciones específicas que deben desarrollar las Fuerzas Armadas.

Por último el escrito contiene las recomendaciones que sobre estos casos brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que establece que los militares no pueden ejercer las funciones de seguridad pública en las naciones, porque su entrenamiento no está acorde con las responsabilidades de la seguridad pública.


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