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Por Alba TV
“Existen numerosos elementos de convicción que señalarían la posible
responsabilidad de funcionarios públicos en la privación arbitraria de
la vida de al menos siete de las víctimas fatales civiles”, refiere un
informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
El Informe Ejecutivo de Codehupy da cuenta que los campesinos sin
tierra fueron torturados y algunos ejecutados luego de haber sido
heridos.
Presentaron rastros de ejecución: Avelino Espínola, Adolfo Castro,
Andrés Avelino Riveros, Luciano Ortega Mora, Delfín Duarte, Francisco
Ayala y Fermín Paredes González. La Coordinadora recogió testimonios y
examinó evidencias que le llevan a concluir que unas nueve (9) personas
detenidas en el operativo fueron torturadas o, al menos, víctimas de
tratos crueles e inhumanos por agentes de la Policía; los hechos citados
se dieron en la Comisaría 5ª de Curuguaty.
“En algunos casos, los testimonios y las observaciones del médico
forense asentadas en la carpeta fiscal indicarían que estas ejecuciones
arbitrarias se cometieron como actos de venganza perpetrados por agentes
policiales sobre civiles que estaban heridos o que se habían
entregado”, señala el documento dado a conocer por Codehupy.
“En algunos casos, incluso, la Policía habría torturado a las
personas heridas, antes de permitir su evacuación. El rescate y la
atención médica de las instituciones y servicios públicos priorizaron a
los policías heridos, sin brindar un tratamiento igualitario a los y las
civiles que se encontraban en las mismas condiciones y riesgos”,
refiere la organización y agrega que el 15 de junio la Policía detuvo
arbitrariamente a por lo menos tres personas, que ni siquiera fueron
parte de la ocupación campesina.
La organización campesina reclamaba, por la vía legal, la
recuperación para los fines de la reforma agraria de un inmueble de 2000
hectáreas, que había sido donado por la empresa La Industrial Paraguaya
SA (Lipsa), en 1967, al Estado paraguayo para el asiento de un
destacamento de la Armada. La transferencia por escritura pública del
inmueble donado nunca fue realizada. Aunque existen numerosos
antecedentes administrativos e intercambio de correspondencia entre la
Armada Nacional, Lipsa y la Escribanía Mayor de Gobierno durante los
años 1982, 1992 y 1994, solicitando envío de documentos y designación de
profesionales para la realización de la mensura judicial, la Armada
Paraguaya no inscribió el título de propiedad sobre el inmueble en los
Registros Públicos.
No obstante la falta de título, el inmueble estuvo efectivamente
ocupado por un destacamento de suboficiales y conscriptos de la Armada
Paraguaya denominado “Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty”,
según consta en la documentación administrativa de dicha fuerza naval.
La ocupación por parte del destacamento fue ininterrumpida desde finales
de 1967 hasta finales de 1999, siendo desocupado a partir de esa fecha
por presentar problemas logísticos. La toponimia popular denomina a
estas tierras Marina Cué debido a este hecho.
A lo largo de los ocho años que demoró, y sigue demorando hasta
ahora, la gestión administrativa por la recuperación de las tierras de
Marina Cué, la organización campesina había realizado siete ocupaciones
de las tierras desde el inicio de las gestiones de lucha por las mismas.
Las ocupaciones se dieron como estrategia para indicar que Marina Cué
era propiedad estatal destinada a la reforma agraria y que las y los
ocupantes eran los beneficiarios que estaban gestionando las mismas.
Las
ocupaciones eran siempre pacíficas, por lo que nunca se acompañaban de
acciones violentas ni agresiones. En el fondo había una conciencia clara
de que se trataba de tierras del Estado y, en consecuencia, no podían
ser reclamadas sino para la reforma agraria. En segundo lugar, al haber
un desalojo, las y los ocupantes siempre resolvían retirarse de las
tierras de forma pacífica y negociada con las autoridades.
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