martes, 19 de marzo de 2013

Nicaragua: Cierran filas para defender ley contra la violencia machista

elnuevodiario.com.ni
Por Radio La Primerísima

Las nicaragüenses no van a permitir la derogación de la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, advirtió este lunes la procuradora especial de la Mujer, Débora Gradinson.

"No vamos a permitir que la ley se derogue", subrayó la defensora de los derechos de ese segmento poblacional, que constituye más del 50 por ciento de los habitantes en este país.

 Cada año 35 mil mujeres reciben atención en Nicaragua como consecuencia de la violencia de la que son víctimas sobre todo en sus hogares, según declaró la funcionaria.

Por su lado, un grupo de diputados desestimaron los cuestionamientos a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, adoptada para contrarrestar el legado patriarcal que subyace en la polémica de hoy en torno a su implementación.

La aprobación de la Ley 779, como también se le conoce, derivó de un proceso de estudio minucioso de la Constitución Política y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aseguró el legislador sandinista Carlos Emilio López.

Igual se consultó ampliamente a diferentes sectores sociales para evitar inconsistencias, rememoró el presidente de la Comisión de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional.
La diputada Irma Dávila aludió a la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece en su artículo 48 que el Estado debe "eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses", entiéndase hombre y mujer.

"Si hay violencia a las mujeres, no hay igualdad", subrayó la presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento unicameral, para quien resulta prioritario crear el Observatorio Nacional contra la violencia de género, como dicta el cuerpo legal aprobado el 22 de junio de 2012.

Reportes aludieron al reforzamiento de la polémica desatada hace casi una semana en torno a la también identificada como Ley 779, cuya implementación contribuyó a visualizar la criminalidad contra ese segmento de la población.

El debate arreció al conocerse que desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica (CSJ) se estaba pretendiendo derogar la referida ley, reconocida porque tipificó el feminicidio como delito y estableció penas de hasta 30 años para los agresores.

De acuerdo con el magistrado Rafael Solís, desde su entrada en vigencia hace casi nueve meses ese cuerpo legal acumula al menos cinco recursos por inconstitucionalidad, radicados en esa dependencia judicial.

El 22 de junio de 2012 Nicaragua devino el séptimo país americano en definir el feminicidio como un delito en virtud de que es la forma extrema de violencia contra las mujeres y de expresión de la lógica patriarcal.

Con la aprobación de la Ley 779 y de las consecuentes transformaciones al Código Penal para su correcta aplicación el gobierno sandinista confirmó su disposición a luchar contra el maltrato hacia las féminas.

Paralelo a la inclusión de esa figura en el cuerpo jurídico en Nicaragua, como ocurrió antes en México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, y Perú, se determinó la creación de una Comisión Nacional Interinstitucional y de un observatorio estatal para seguir la problemática.

Pese a que todavía quedan detalles por afinar respecto a lo establecido en la normativa, a partir de su entrada en vigencia aumentaron las denuncias de los abusos propinados contra las féminas nicaragüenses, sobre todo en ámbitos hogareños.

También pudo conocerse con más claridad la multiplicidad de asesinatos cometidos contra ellas, casi siempre por sus parejas hombres, apegados al concepto machista de que estas deben subordinárseles en todos los aspectos.

Esa visión prevalece en la sociedad nicaragüense pese a los esfuerzos realizados por las autoridades estatales de lograr la plena incorporación de la mujer a las actividades productivas, a puestos de poder y a la sociedad en general, concuerdan seguidores de la temática.


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