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Por Marvin Palacios - Defensores en Línea
La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, presentó un Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en donde confirma el contexto de extrema gravedad al que están sometidos las defensoras y los defensores de derechos humanos de Honduras.
El informe presentado ante el máximo organismos mundial el 4 de marzo de 2013, concluye que los defensores y las defensoras de derechos humanos se encuentran expuestos al riesgo de ser víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, atentados, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento y exilio forzado.
Frente a esa situación, la Relatora formula en su informe una serie de recomendaciones de carácter urgente. En ese sentido, recomienda establecer oficialmente y poner en práctica un programa para la protección de defensores de derechos humanos dotado de recursos suficientes y en el que el proceso para solicitar las medidas de resguardo sea sencillo y por el que se conceda “protección inmediata mientras se evalúa el riesgo que corre el solicitante”.
Asimismo, la Relatora recomienda la “reforma [con carácter prioritario] de las fuerzas de policía”. En particular, destaca la necesidad de “proceder a investigaciones penales de las violaciones de derechos humanos que hayan cometido funcionarios de policía y tomar medidas disciplinarias contra aquellos funcionarios respecto de los cuales hubiese sospechas de haber participado en ellas”. En la misma línea, la Relatora remarca especialmente que “los militares no deben asumir funciones de policía”.
Al mismo tiempo, recomienda al Ministerio Público (MP) “definir una política para la realización de investigaciones delictivas eficaces y revisar los métodos de trabajo en la investigación”, asignando “prioridad a las denuncias de amenazas y agresiones contra defensores de los derechos humanos”.
El informe también plantea reforzar “considerablemente el programa de protección de testigos del Ministerio Público”, estableciendo “salvaguardias para proteger a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público de injerencias políticas”. Considera necesario además que el MP “vele por la seguridad física de los fiscales, especialmente cuando investigan casos en que los presuntos autores son miembros de las fuerzas de policía”.
Sobre este tema y luego de evaluar las condiciones en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y la Corporación Humanas de Chile, consideraron que la situación actual en el país centroamericano constituye el lamentable regreso de aspectos muy negativos que han permeado la historia de América Latina.
Como se sabe, la región sigue intentando superar las consecuencias de la militarización de sus fuerzas de seguridad en décadas pasadas, y en ese sentido, iniciativas como las que se están impulsando en Honduras deberían constituir un alerta resonante tanto por sus consecuencias actuales, como por sus implicancias potenciales para toda la región.
De la misma manera, también en el pasado de muchos otros países de América Latina, la ruptura democrática, la militarización, la debilidad institucional y el socavamiento de la independencia de los poderes han caminado a la par de la asfixia de los movimientos y luchas sociales y la grave negación y vulneración de derechos fundamentales.
En consecuencia, es imperioso que la comunidad internacional y los mecanismos y foros internacionales, regionales y subregionales de derechos humanos no permanezcan inmunes frente a la situación denunciada. En particular, frente al peso de la historia reciente, los Estados de Latinoamérica deben prestar especial atención al caso de Honduras incorporando medidas específicas para su monitoreo que incluyan, entre otras, un acompañamiento pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatora, consideraron las 3 organizaciones de derechos humanos de Argentina, Chile y Honduras.
La 22 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se desarrollará del 25 de febrero al 22 de marzo de 2013.
Demandan Mecanismo de Protección
La Relatora sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya visitó Honduras en el mes de febrero de 2012. Durante la conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación, la representante del organismo mundial señaló la necesidad de crear un Sistema de Protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, criticó falta de independencia del Poder Judicial y la urgente necesidad de depurar la Policía Nacional.
En su declaratoria Sekaggya expuso que Honduras enfrenta serios desafíos en el combate a la violencia e inseguridad. La impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones a los derechos humanos socaban la administración de justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades, concluyó Margaret Sekagguya, relatora especial de derechos Humanos de Naciones Unidas, al concluir su visita a Honduras.
La defensora de derechos humanos señaló la vulnerabilidad de ciertos sectores como periodistas, trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abogados, fiscales, jueces, defensores de los derechos de la mujer, la niñez, la comunidad LGTB, indígenas, afro-hondureños, del medio ambiente y derecho a tierras.
"Me preocupa que funcionarios públicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, han ofrecido declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos humanos", que continúan exponiéndose a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización, expresó Margaret Sekaggya en conferencia de prensa realizada el 7 de febrero de 2012 en la sede de Naciones Unidas en Honduras.
En Junio de 2009, fue ejecutado en Honduras un golpe de Estado que implicó un violento retroceso para la vigencia de los derechos humanos en ese país, así como la reanudación del lamentable expediente de la fuerza en América Latina en general. Actualmente, el país sigue sufriendo las consecuencias del quiebre institucional.
Desde el golpe a la fecha se han registrado al menos 202 asesinatos de opositores políticos o defensores de derechos humanos y otras personas involucradas en procesos de reivindicación social. De hecho, solamente los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y sus familiares han sufrido reiteradas agresiones y amenazas, situación que se ha incrementado desde el año 2011 a la fecha, registrándose al menos 72 casos.
También han sido asesinados 30 periodistas y amenazados de muerte otros 26. Asimismo, en la región del Aguán, al mes de febrero de 2013 han sido asesinadas al menos 96 personas afiliadas a organizaciones campesinas. En todo el país continuaron los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género (86 casos después del golpe) y procesos de criminalización de la lucha social, especialmente por la defensa de los derechos de acceso a la tierra y el territorio, al agua y la cultura. En el último año, Honduras experimenta un deterioro progresivo de la institucionalidad sobreviviente del golpe. La impunidad, generadora de nueva violencia, es su característica central.
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