miércoles, 29 de mayo de 2013

Nicaragua: Fuerte debate sobre reforma a la ley energética

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Por Radio La Primerísima|Informe Pastrán

El asesor de la presidencia para asuntos económicos, Bayardo Arce, defendió este martes la reforma a la Ley de Estabilidad Energética y el Código Penal y adelantó que habrá mano dura contra los que cometan delitos, sean ricos o pobres, enfatizando que el por su condición o de escasos recursos económicos no tiene derecho a robar.


"No hay derecho a robar, nadie, el más pobre, no tiene derecho a robar", dijo Arce, quien criticó declaraciones de un diputado liberal que se mostró permisivo con los fraudes.

"O es que se le están saliendo un poco sus hábitos y a él también le gusta lo ajeno o es que cree que ser diputado es defender cosas a ultranza, siempre y cuando estén en contra del gobierno, lo cual es estúpido", expresó.

Añadió que se trata de impulsar un paquete especial, no solo es castigar el robo, sino reconocer que el petróleo ha incrementado de precio y eso aumenta los precios de la energía, "y las cosas van más caras y la misma gente va elevando su nivel de vida".

Arce admitió que hay gente que se beneficia del subsidio eléctrico del estado y no ahorran, y por eso se van a implementar una serie de medidas.

"Unas para subsidiar a los consumidores de menos de 150 (kilovatios), dos, para controlar el robo de cualquier tamaño, aunque obviamente los robos que hacen daño son los robos de los grandes, todos los robos hacen daño. Tercero, para obligar a la distribuidora a hacer las inversiones pertinentes para que el robo no camine", precisó.

Insistió en que es kafkiano y absurdo alegar y defender el derecho a robar.

Recordó que cuando el gobierno sandinista negoció en Madrid, España, un memorándum de entendimiento con Unión Fenosa, una de las quejas era que en Nicaragua se permitía robar energía y se acordó controlar el fraude, estableciendo un proceso que ya se venció, que era de no sancionar a los que sustrajeran menos de 200 kilovatios mensuales, pero eso era un proceso, cuya excepción ahora está vencida y así quedará establecido en la nueva reforma a la Ley de Estabilidad Energética.

INDEC respalda reformas a Código Penal


El director del Instituto de Defensa de los Consumidores (INDEC), Marvin Pomares, salió en abierta defensa de la reforma al Código Penal para penalizar a los que usurpen energía eléctrica.

Pomares dijo que no es cierto que los consumidores de los asentamientos humanos vayan a ser afectados, porque ninguno de ellos consume más de diez mil córdobas por mes.

"Esto es para aquellos que tienen negocios, porque ya alguien que consume arriba de diez mil córdobas es porque tiene un negocio, una disco, o una hielera", justificó.

Pomares alegó que la multa dependerá del consumo que se sustraiga con un promedio de 12 meses de consumo no registrado, es decir, que si alguien debiera estar pagando 10 mil córdobas por mes, la multa que le aplicaría la empresa distribuidora sería de 120 mil córdobas.

El titular del Indec defendió al gobierno y se pronunció a favor de "organizar bien esta situación", porque "tanto Unión Fenosa como Gas Natural dejaron un desorden bien organizado y en ese sentido el gobierno lo que quiere es realmente es ordenar esta situación", porque "no es posible que aquí haya gente que tenga negocio y no paguen y en cualquier parte del mundo esto es penado".

"Como INDEC yo no voy a defender a alguien que tiene una hielera y esté sustrayendo energía y lo vamos a defender, no vamos a defender a los que estén robando energía", aseguró.

Pomares dijo que los ilegales y que roban energía rondan las 150 mil personas.

La iniciativa es una reforma a la ley 641 del Código Penal, para enmendar el artículo 236 dice: "Quien por medio de una conexión ilegal o alterados los sistemas de medición y control, obtenga para sí o para un tercero, los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones u otros servicios públicos con perjuicio para la empresa suplidora o de otros usuarios, por un monto mensual o igual o superior a tres salarios mínimos del sector industrial". El salario mínimo actual en Nicaragua es de 3,287 córdobas.

Por su lado, el Presidente del COSEP, José Adán Aguerri negó este martes las versiones periodísticas que la nueva ley de derechos del consumidor que ya fue dictaminada en la Asamblea Nacional, sea hecha a la medida de los intereses de los empresarios y el gobierno y le quite garra a favor de los consumidores.

El empresario pidió esperar cual será el resultado final de la discusión y aprobación en el parlamento y tener cuidado con los planteamientos que se hacen.


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