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Por MUCA
Este 21 de mayo, mientras los campesinos y las campesinas iniciaban el trabajo en el campo, unos 300 elementos de la Operación Xatruch III y la Policía Nacional, ejecutaron un desalojo violento, disparando balas vivas y lanzando gas pimienta contra miembros de las fincas Trinidad y El Despertar, que pertenecen al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y que están ubicadas en la margen izquierda del Rio Aguán, en el municipio de Trujillo, Colón.
El desalojo dejó como resultado 15 personas de la finca Trinidad detenidas y con heridas y golpes en diferentes partes del cuerpo: Glenda Xiomara Hernández (36) con una mano fracturada, Irma Yadira Pineda (14), Elder Nahúm Meza (14), Ana Madariaga (15), Nolvia Berrios (35). También Antonio Rodríguez (40), Walter Cárcamo (45) y Jaime Cabrera (35), quienes poseen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, Jervin Rodríguez (25) quien resultó con fuertes golpes, Silverio Orellana (53), Ada Marina Velázquez (56), Seyda Xiomara Alemán (24), Wilmer Alexis Antúnez (20), Berta Ramos (40) y Omar Espinoza (20).
Los detenidos fueron trasladados en un camión hasta la posta policial de Trujillo, donde permanecen privados de su libertad.
Luego de desalojar la finca Trinidad, las fuerzas represivas del Estado se trasladaron hacia la finca El Despertar, donde llevaron cabo un nuevo desalojo violento, utilizando la misma estrategia. Esto obligó a las familias campesinos a internarse en las plantaciones de palma africana para proteger sus vidas.
En el desalojo resultaron con fuertes golpes Rubén Sevilla y Franklin Díaz.
Las fincas San Isidro, El Despertar y la Trinidad, articuladas en el MARCA, estaban ilegalmente en manos del terrateniente nicaragüense René Morales. Luego de un largo proceso legal que se protrajo por más de 10 años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de los campesinos. El 29 de junio de 2012, el abogado José Antonio Trejo Cabrera, quien fue asesinado tres meses después, logró que las tierras fueran entregadas a las familias campesinas.
“Nos trasladábamos hacia el municipio de Trujillo en tres carros y con al menos 27 miembros de la finca El Despertar a bordo, cuando a unos 500 metros del desvió del Rio Aguán una patrulla de la Policía, una Land Crucer y un camión nos rebasaron y nos lanzaron gases lacrimógenos en las cabinas de los carros, ocasionando asfixia respiratoria momentánea” expresó el dirigente campesino Rubén Sevilla.
El 8 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a 123 líderes y lideresas organizadas en el Movimiento Campesino de Recuperación del Aguán (MOCRA), el Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRGC), el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), "por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo por defender el derecho a la tierra".
La CIDH notificó al Gobierno de Honduras mediante la Resolución Nº 11/2014, el otorgamiento de medidas cautelares a miembros de las organizaciones campesinas de Bajo Aguán beneficiarias, conforme a lo dispuesto en su artículo 25 de su reglamento.
Esta ola de desalojos violentos en contra de cientos familias campesinas el país, refleja la frágil justicia hondureña que obedece a los terratenientes que poseen los valles más fértiles de Honduras.
Llamamos a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a exigir al Gobierno de Juan Orlando Hernández el respeto al derecho a la tierra y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
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