El Salvador: Esperanza de justicia para masacres de 1981

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Por Dora Reyes | ContraPunto

“Soy una sobreviviente porque me escapé con mi hijo cuando los soldados empujaban a la gente para reunirlos y masacrarlos”, narró con lágrimas en sus ojos y voz temblorosa, María Ayala, una de las pocas personas que se salvó de ser masacrada en el cantón Cerro Pando, departamento de Morazán, ocurrida en diciembre de 1981, y que fue parte de la llamada “Masacre de El Mozote”. “Es por la ayuda de Dios que ahora puedo contar esto…”, dijo la mujer que es en la actualidad una anciana.

El Mozote es un caserío rural en el departamento de Morazán, en el que soldados del batallón Atlacatl, del ejército salvadoreño, invadieron en busca de guerrilleros, que según ellos, se escondían en la zona. Ante esto, el 11 de diciembre de 1981, agruparon a los pobladores: niños, niñas, mujeres y hombres para luego masacrarlos de forma brutal. El caserío Toriles, Jocote Amarillo y cantón Cerro Pando, lugares aledaños a El Mozote, fueron también arrasados por el batallón Atlacatl.

“Yo me pase por un ladito y huí para la montaña El Carmen con un grupo de gente; ahí estábamos cuando nos dijeron que habían un montón de muertos en El Mozote: niños, gente adulta, animales, todo lo que se moviera…, como era tierra arrasada, todo lo mataban”, atestiguó, María Ayala, mientras afloraban suspiros y se reflejaba en su rostro el dolor de aquella tragedia.

“Donde nosotros estábamos mataron a más de 600 personas porque creían que la guerrilla se encontraba entre nosotros”, siguió recordando María en una entrevista a ContraPunto, mientras escuchaba las declaraciones de las autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el estado actual del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Ante esto, el procurador de Derechos Humanos, David Ernesto Morales, exhortó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR), “ha incumplido y violado los derechos de los pobladores de la masacre del Mozote y de las zonas aledañas al no dar cumplimiento con los estatutos emanados en la Sentencia de la Corte”.

“Se ha estancado una de las medidas más importantes, que es el de hacer justicia. La Fiscalía ha ignorado el proceso histórico que acumula la prueba científica y testimonial de más de diez años, negándose a anular la aplicación de la amnistía en el caso concreto”, exhortó Morales.

En el año 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió emitir una Sentencia, a la Corte Interamericana, en la cual se condene y se judicialice a los responsables de las masacres cometidas entre 1981 en el marco de un operativo militar del Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias militares, especialmente la del caserío El Mozote en el departamento de Morazán y de las zonas aledañas.

Como acto seguido la Corte Interamericana emitió dicha Sentencia en la que se detallan estatutos  que tiene que ver con fondos económicos, procedimientos judiciales, y de desarrollo social para las víctimas de las masacres ocurridas en Morazán en el año 1981.

Ante este procedimiento, el titular de la PDDH aseguró que dicha Sentencia no ha tenido “resultados positivos” para investigar y judicializar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Morales afirmó que una de las obligaciones que detalla la sentencia es la de realizar las exhumaciones correspondientes en las zonas de masacre y que la Fiscalía ha impulsado de igual forma pero como un “proceso paralelo y sin cumplir los estándares que dicta el documento de la Corte”.

“En las exhumaciones que ha realizado la Fiscalía, no se tomó en cuenta la participación de las víctimas, no se les otorgó asistencia psicosocial, los fiscales llegaron sin escuchar a las familias y terminaron maltratando y re-victimizando a los sobrevivientes por lo que se tuvo que cancelar el proceso para garantizar que se cumplan dichos parámetros”, apuntó el procurador.

Por su parte, y secundando las declaraciones del procurador, Ayala, la sobreviviente del cantón Cerro Pando, reclamó que  “es una lástima” que a pesar de que la Sentencia fue promulgada hace varios años, no se ha esclarecido los hechos ni responsabilizado a los culpables.

 “Hace tiempo que se entregó el documento y no se ha visto nada claro, esperamos que se aplique la justicia para los que hicieron eso porque a pesar de que han pasado muchos años nosotros sentimos como si estuviera pasando, como si fuera actual. Estamos mal psicológicamente y en este problema de violencia que estamos viviendo, cuando oímos una balacera pasamos hasta tres días sin dormir porque nos acordamos de nuestro pasado”, expresó la sobreviviente.