jueves, 2 de febrero de 2017

Balance provisorio de 25 años de paz en El Salvador

Por Atilio Borón | teleSUR

El Salvador conmemora en estos días más de dos décadas de la firma de la paz: una gesta que todavía provoca esperanza en su pueblo y en las naciones del mundo que aún enfrentan conflictos armados. Sí, es cierto: la guerra se acabó. El Acuerdo de Chapultepec calló las armas e hizo posible la difícil, casi traumática, convivencia de dos proyectos políticos y dos visiones del mundo radicalmente distintas, pero la guerra continúa.

La paz se firmó hace ya 25 años, pero en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del FMLN hubo algo que permaneció al margen de toda discusión: el modelo económico fue el gran ausente en esas conversaciones. La correlación interna e internacional de fuerzas impidió que el FMLN pudiera instalar el tema en la agenda. Es decir que lo que creó –y crea- las condiciones para el conflicto y eventualmente la guerra, y lo que genera la injusticia y la opresión que la provoca, no estuvo presente en la mesa de negociaciones. Se firmó la paz sobre un trasfondo de conflicto que fue ignorado. Tal cosa, afortunadamente, no ocurrió en las conversaciones que tuvieron lugar en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.

Para colmo de males, hace poco más de diez años, El Salvador firmó su adhesión al Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA, por su sigla en inglés) promovido por Estados Unidos. Lo hizo junto a los otros países de América Central (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) y la República Dominicana. Si su predecesor, el NAFTA firmado entre Estados Unidos, Canadá y México tuvo consecuencias económicas, políticas y sociales catastróficas en el país azteca, los resultados del CAFTA difícilmente podían ser mejores en el área centroamericana. Y no lo fueron. 

Un ejemplo: en El Salvador, en los diez años anteriores a la firma del acuerdo comercial las exportaciones crecían a un ritmo del 8 por ciento anual; luego de la entrada en vigor del tratado lo hicieron a casi la mitad. Claro que las importaciones procedentes de Estados Unidos aumentaron vertiginosamente precipitando una fuerte expansión del consumo en los estratos superiores de las capas medias (pero no en el resto de las clases populares) y desatando, como contrapartida, la misma debacle campesina que antes se produjera en México y que convirtiera a la tierra originaria del maíz en importador neto del transgénico norteamericano.

A diez años de haberse puesto en vigor aquel tratado la principal vía de escape a la pobreza en El Salvador -que en el campo se empina alrededor del 60 por ciento de la población siendo un 40 por ciento para el total del país- sigue siendo la emigración. No hay prueba más contundente del fracaso del CAFTA que esa. Pero si bien es relativamente sencillo en el marco del tratado exportar mercancías a Estados Unidos (siendo muchísimo más fácil importarlas desde ese allí), los salvadoreños tienen que arriesgar sus vidas para ingresar al país que los invitara a compartir las mieles del “libre cambio”. Circulan sin restricciones las mercancías, no las personas. 

En la actualidad unos dos millones y medio de salvadoreños viven en Estados Unidos. Sin contar los que se encuentran en otros países (España, principalmente) se trata de una cifra que representa poco más del 40 por ciento de la población del país, estimada en unos 6.100.000 habitantes. La expulsión de esa masa migrante origina ingresos, por la vía de las remesas, del orden de los 4.200 millones de dólares, permitiendo que un millón trescientas mil personas puedan sobrevivir en el país a los rigores e inequidades de la globalización neoliberal. 

Téngase en cuenta que según datos oficiales el 87 por ciento de las personas en edad de jubilarse no cuenta con ningún tipo de pensión o ayuda previsional. Esas remesas son esenciales para su supervivencia y representan el segundo ítem de ingreso de divisas, sólo superado por las exportaciones salvadoreñas.

Todo lo anterior habla con elocuencia de la fragilidad del país y de la estafa de los tratados de libre comercio. En noviembre del año 2000, el corrupto presidente Francisco Flores, de la muy derechista ARENA –el partido que cuenta entre sus fundadores al asesino de Monseñor Oscar Arnulfo Romero- promulgó la Ley de Integración Monetaria por la cual El Salvador adoptó el dólar y abandonaba definitivamente el colón, que había sido la moneda oficial desde 1892. 

Como consecuencia de ello el gobierno perdió un instrumento decisivo de manejo macroeconómico: la política monetaria. Esta circunstancia, unida a la importancia de las remesas procedentes de los salvadoreños en el exterior y los perniciosos efectos del CAFTA refuerzan la dependencia estructural de El Salvador en relación con Estados Unidos y coloca al gobierno en una situación de debilidad que no pudo ser superada por el FMLN. 

Con el dólar, las remesas y el CAFTA Washington maneja los resortes fundamentales de la economía del país centroamericano. Agréguese a lo anterior la importancia de El Salvador por su ubicación en el istmo centroamericano, lo que suscita la permanente atención del Pentágono dado que esa parte del mundo es vista por sus estrategas como una fuente de innumerables acechanzas y, por eso mismo, territorio preferencial (junto con el Caribe) para la instalación de un gran número de bases militares que, según algunos expertos, serían más de cincuenta.

Dados estos antecedentes, lo que ha hecho el gobierno del FMLN es mucho, pero se trata de una tarea titánica por todo lo que todavía es preciso hacer.

Democratizó el proceso político y el acceso al gobierno. Pero las estructuras de los “poderes fácticos” permanecen inalteradas, el Poder Judicial enfrenta con saña las iniciativas del presidente Salvador Sánchez Cerén y otro tanto ocurre con el Congreso y la feroz oligarquía mediática. 

En suma: conquistas democráticas en un ámbito acotado de la vida pública y permanencia del despotismo oligárquico en todo lo demás. 

El Salvador es un país que a lo largo de su historia fue víctima de brutales represiones. En 1932 el líder comunista Farabundo Martí encabezó una rebelión popular que fue ahogada en sangre, y la violencia reaccionaria se desplegó durante gran parte del siglo. Matanzas campesinas sin pausa; fuerzas armadas entrando a la Universidad Nacional destrozando su biblioteca para luego arrasar lo que quedaba en pie con el avance de sus tanques; masacres de aldeas enteras; asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana y de Monseñor Romero mientras consagraba la eucaristía; escuadrones de la muerte torturando y asesinando por doquier con la bendición y la cobertura de Washington. 

Todo eso en el país más pequeño de América Latina -el “pulgarcito” como dijera el poeta Roque Dalton- que pese a ello demostró tener unas agallas increíbles y con la guerrilla del FMLN lograr un éxito militar que casi no tiene parangón a nivel internacional: contener la campaña de exterminio lanzada por el ejército salvadoreño bajo la conducción efectiva y descarada de oficiales estadounidenses y así forzar un acuerdo de paz, que hubiera sido imposible si la guerrilla hubiera sido derrotada. Sólo porque esa guerra terminó en un empate –en realidad, una derrota para el Pentágono- es que fue posible llegar a un acuerdo de paz. Importante, aunque insuficiente. Pero el salvadoreño es un pueblo que no se arredra ante las derrotas y sigue luchando. 

Estamos seguros que más pronto que tarde recogerá los frutos de su heroísmo en la medida en que este combate no se circunscriba al ámbito económico y político e incluya también, como uno de sus principales teatros de operaciones, la “batalla de ideas” a los cuales Fidel nos convocara hace ya muchos años. 

Porque sin prevalecer en este crucial terreno, sin ganar el combate en el campo de las ideas y la conciencia, todas las demás conquistas pueden desbaratarse como un castillo de arena. Por suerte son cada vez más quienes en El Salvador sostienen esta convicción. Serán las “trincheras de ideas” martianas que frustrarán los designios estadounidenses de convertir a ese país en una gigantesca base de operaciones de contra-insurgencia para, desde allí, aplastar los procesos progresistas y de izquierda que se agitan por toda la región.