sábado, 18 de marzo de 2017

Decepciona a la CIDH posición de Honduras en materia de seguridad y reformas penales

CIDH
Por Marvin Palacios | Defensores en Línea

La Coalición contra la Impunidad que conforman más de 50 organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), visibilizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas problemáticas que se consideran de trascendental interés para la plena vigencia de los derechos humanos en el país.

En la audiencia que se desarrolla del 15 al 22 de marzo en Washington, Estados Unidos, se abordó el tema de la respuesta estatal frente a la alarmante situación de violencia e inseguridad en Honduras, las deficiencias estructurales persistentes en la administración de justicia, la condición actual del sistema penitenciario y la condiciónde las personas privadas de libertad en el país, para finalmente abordar la situación actual de los derechos de las mujeres, particularmente las agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, así como la situación de las trabajadoras de las maquilas y de la agroindustria en el país.

La otra audiencia pública estuvo relacionada al Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, como seguimiento a la audiencia realizada en diciembre de 2016 en Panamá.

En esta ocasión, la Coalición contra la Impunidad proporcionó información actualizada sobre las dificultades y desafíos que persisten para el funcionamiento del mecanismo, así como las recientes reformas al Código Penal que tipifican el delito penal de terrorismo y de apología al terrorismo.

“Respetuosamente estamos solicitando a la ilustre comisión que cree un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras, de igual manera solicitamos que el Estado garantice la no adopción  de medidas regresivas que son contrarias a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales”, expuso la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva.

Oliva dijo que el "talón de Aquiles" que consolida la impunidad es la poca visión e inacción del Ministerio público (MP) en materia de investigación, y solicitó la creación de una Fiscalía especial para defensores y defensoras de derechos humanos, así como una Fiscalía especial para las desapariciones forzadas de personas, puesto que el Ministerio público le ha dado poca importancia al tema de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, reduciéndolo a la mínima expresión.

Oliva también demandó al Estado de Honduras que comience a dar seguimiento y cumplimiento a las leyes relacionadas a la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, sexual y  la violencia política.

La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz,  resaltó el tema de la conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (creado mediante decreto No. 239-2011), que es el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia.

Aguiluz dijo que este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que está integrado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, entre otras, responden a las directrices del presidente de la República.

Dicho consejo catalogado por analistas extranjeros y hondureños como un supra-poder, sería el responsable de aumentar la militarización en la sociedad hondureña, destinando a las Fuerzas Armadas a actividades relacionadas a la seguridad pública de la nación.

Otro punto cuestionado por la Coalición contra la Impunidad y CEJIL es el aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad, en detrimento de otras secretarías del Estado, tales como la de Educación y Salud.

En su intervención, el Procurador General de la República  de Honduras, Abraham Alvarenga entregó el informe respectivo a la CIDH y dijo que no se referiría a otros temas porque no llegó preparado para responder en la audiencia.

“En los temas del retiro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), manifesté que en este momento la Policía Nacional se encuentra en un proceso de depuración y todos los números de las personas que han sido separadas de la institución, y obviamente el Estado tiene que hacer uso de los recursos disponibles para poder enfrentar situaciones de criminalidad organizada que estamos viviendo en los últimos momentos”, justificó el funcionario.

Alvarenga añadió que la semana anterior, el Departamento de Estado de Estados Unidos avaló las decisiones del Estado hondureño en materia de seguridad. También resaltó que los militares de la PMOP son capacitados en materia de derechos humanos.

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, reaccionó decepcionado debido a la postura adoptada por el Estado de Honduras, especialmente en los temas relacionados a los privados de libertad, el aumento a los presupuestos de defensa y seguridad y a las reformas al Código Penal que contemplan figuras como el terrorismo y apología de terrorismo.

Además tocó el tema de las Fuerzas Armadas y las tareas de seguridad pública.

“Creemos que hay una lógica invertida. Se colocan las Fuerzas Armadas (FFAA) en las funciones de seguridad y establecen que las van a retirar cuando consigan reducir los índices de criminalidad. Pero esta función nunca se debió delegar a las FFAA. Así que nos gustaría que se aplicara otro criterio para retirarlas, es decir que a las FFAA no les corresponde esa función”, subrayó el presidente de la CIDH.

Cavallaro criticó también el presupuesto millonario destinado a las FFAA, comparándolo con los fondos raquíticos destinados para el Mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

Cavallaro lamentó que, a pesar de haber brindado recomendaciones a funcionarios de Honduras durante su visita al país en la tercera semana de febrero de 2017, días después y en forma rápida  se aprobaron cambios que no fueron los que se habían discutido en cuanto a las reformas penales.