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| Foto G. Trucchi /Rel-UITA |
Por Marvin Palacios - Defensores en Línea
La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, al analizar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Porfirio Lobo Sosa sostuvo que Honduras está en emergencia permanente en materia de derechos humanos y que el Estado se encuentra en deuda con la ciudadanía.
La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, al analizar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Porfirio Lobo Sosa sostuvo que Honduras está en emergencia permanente en materia de derechos humanos y que el Estado se encuentra en deuda con la ciudadanía.
Las recomendaciones fueron plasmadas en el Informe 2011 sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras distribuido esta semana y en donde el organismo continental analiza desde el golpe de Estado de 2009 hasta la formulación del documento, las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en un período de casi 3 años en Honduras.
Bertha Oliva analizó uno a uno los planteamientos en una entrevista concedida a defensoresenlinea.com.
La primera observación es que el Estado de Honduras brinde un acceso efectivo a todas las personas, puesto que como lo han señalado diplomáticos europeos, el poder judicial hondureño ha actuado al servicio de las clases pudientes en menoscabo de la ciudadanía hondureña.
Al respecto, la defensora de derechos humanos expresó que esa recomendación es más que elocuente, y no lo dice basado en supuestas manifestaciones o supuestas informaciones de malos hondureños, lo está haciendo basado en hechos concretos de reclamación de justicia de varias personas que han sido violentadas en sus derechos y no encuentran ninguna posibilidad de accesar a justicia.
“Cuando un Estado no tiene un órgano de aplicación de justicia, se corre el riesgo de convertirse en un estado inerte en esa materia y por lo tanto le da puerta abierta al crimen para que continúe haciendo actos que pone en precario la libertad y la vida de sus ciudadanos.
En la segunda recomendación la CIDH le pide al Estado que investigue, juzgue y sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos. En este tema Oliva dijo que si uno hace una interpretación de la Comisión de la Verdad pareciera que se queda corta en creer que con admitir que hubo un golpe de Estado en Honduras, ya el caso de justicia está resuelto.
“Y es ahí donde inicia la búsqueda de justicia, es todo lo contrario, y con eso se pretende decir a nivel internacional que ya las cosas en materia de demanda de justicia, ya ha avanzado, y lo que está diciendo la CIDH al Estado es que actúe ya..!, porque los ojos de la comunidad internacional están pendientes del castigo a los responsables, no se puede admitir o solo admitir que hubo un golpe y que las cosas han vuelto a la normalidad cuando los implicados en el golpe están gozando de absoluta impunidad y es más, permanecen en sus puestos para darle la oportunidad de limpiar todo aquello que es violación a derechos civiles y políticos”, sostuvo Oliva.
En la tercera recomendación se solicita al Estado hondureño que impida que grupos armados actúen al margen de la ley, que se proceda a su desmantelamiento y se sancione y juzgue a los responsables.
Sobre esta observación, Bertha Oliva apuntó que en esta recomendación está claro que en nuestro país hay grupos actuando al margen de la ley y que no hay ninguna voluntad expresa para desmantelar, para desarticular, para castigar a estos grupos que están atacando a ciudadanos y ciudadanas y esa debería ser una preocupación, más que un decir de los agentes del Estado, de las autoridades que conforman el Estado de Honduras.
“Nosotras queremos advertir que si no se pone mano firme en esto, la situación se va a volver más caótica de lo que ya está, estamos viviendo en una permanente emergencia en materia de derechos humanos, este país está, a nuestro juicio, en una emergencia y en una deuda muy fuerte para con sus ciudadanos, para garantizar el debido ejercicio y el debido transitar de la ciudadanía”, advirtió la reconocida defensora de derechos humanos galardona con el Premio Tulipán 2010 otorgado por el Gobierno de Holanda por su destacada participación en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Oliva se refiere a grupos que operan en total impunidad y que tienen como propósito inmovilizar a la ciudadanía para que ésta no tenga opción de reclamación y que la ciudadanía se quede sin ninguna demanda que hacer por el temor que tiene.
La cuarta recomendación formulada está dirigida a prevenir los asesinatos, las intimidaciones y amenazas que sufren defensores y defensoras de derechos humanos (periodistas, líderes comunitarios, dirigentes sociales, feministas y miembros de la comunidad lésbico, gay y transexual, entre otros colectivos).
En este punto, la Coordinadora del COFADEH señaló que cuando se han hecho denuncias ante los órganos de justicia y que después de 3 años, ninguno de esos casos han sido juzgados conforme a derecho y conforme a la demanda de los familiares de las víctimas, nada se habrá logrado y el Estado continuará con peregrinaciones hacia el exterior con el resultados como los que se tienen ahora, que son un emplazamiento a nivel internacional en donde Honduras es visto nuevamente como un violador de derechos fundamentales.
Es urgente que se investigue a través de un cuerpo especial independiente de la policía de investigación, policía, Ministerio público y Poder Judicial todos los asesinatos en los cuales se cree que han sido por motivaciones políticas, reza la quinta recomendación.
Al respecto Oliva expresó que esa preocupación nosotras la hemos externado en todas las instancias que hemos podido porque esa es una propuesta que debería materializarse. “Esta preocupación la hicimos saber seguida de propuesta a la Relatora Especial Sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya que visitó el país recientemente”.
Dijimos que esa petición era de carácter urgente para que se instalara una “comisión con carácter independiente” alejada de las influencias políticas y alejada de los temores y tratar de ponerla al servicio de las víctimas y de la ciudadanía, que es al final de cuentas, la que está recibiendo día a día los embates del terrorismo de Estado.
La recomendación número 6 expresa lo siguiente: “Reparar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en los últimos 3 años”. Sobre el particular, Oliva explicó que para iniciar un proceso de reparación a las víctimas y familiares de las mismas, se necesita iniciar una investigación seria, con carácter independiente que le devuelva la confianza y la esperanza a los reclamantes y víctimas, para sentirse acompañadas de actos concretos de parte de los agentes del Estado y comenzar un proceso de erradicar y de golpear a la impunidad, y eso solo se puede hacer teniendo un ente independiente, fortaleciendo a las víctimas y no persiguiendo a los familiares de las mismas, que es lo que hasta el momento hemos tenido.
Con estas declaraciones concluyó la primera parte de las reflexiones expresadas por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva en torno a las observaciones que recién acaba de plantear la CIDH al estado de Honduras.
Este año dio inicio la cuenta regresiva en donde el COFADEH cumplirá 30 años de fundación el próximo 30 de noviembre y el comité determinó señalar el 2012 como el año contra la impunidad y su slogan de campaña: ¡tenemos memoria, exigimos justicia!
En la segunda parte de la entrevista que brindó la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva a defensoresenlinea.com, en relación a las recomendaciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras, la reconocida defensora de derechos humanos denuncia las leyes recién aprobadas a las que califica de regresivas en materia de derechos humanos.
Oliva también analiza otras recomendaciones de la CIDH que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, juventud, pueblos originarios y otros temas que a su juicio han colocado al país en un estado de emergencia permanente en materia de derechos humanos.
La séptima recomendación de la CIDH a Honduras, está encaminada a que se garanticen las condiciones en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos y abstenerse en realizar acciones que busquen limitar u obstaculizar el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que realizan defensoría de derechos humanos.
En esta solicitud Bertha Oliva recalcó que “nosotras referimos en varias ocasiones que era urgente implementar un mecanismo para defensores y defensoras de derechos humanos y que ese mecanismo pasara por revisar las leyes que hasta hoy en día se han emitido en el Congreso Nacional que reflejan una evidente involución y restricción para los defensores y defensoras.
“Porque lo que antes era una violación de derechos humanos, hoy nos cuesta y es difícil tarea, probar que hay una violación porque lo primero que sacan son las leyes que se han aprobado (Ley Antiterrorista, ley de Escuchas Telefónicas, entre otras) y eso hace que tengamos en sí, la certeza que hay una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque nos vemos obstaculizadas en nuestras acciones, denunció Oliva.
La defensora de derechos humanos indicó que después de un análisis consciente, un equipo del COFADEH compareció a finales de marzo en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la necesidad de levantar nuestra voz de preocupación ante las instancias internacionales que pueden hacer una revisión objetiva e independiente.
“No lo hicimos con el propósito de desacreditar, lo hicimos con el propósito de mejorar y que se vea que se están utilizando leyes, en las cuales se viola la Constitución de la República una vez más, porque los congresistas se atribuyen atribuciones que no les compete como es el de la interpretación de la Constitución de la República para formalizar una ley atentatoria a derechos cuando dio potestad a las Fuerzas Armadas para que actúen deliberadamente atemorizando bajo el pretexto de apoyar al ministerio de Seguridad en el combate a la inseguridad”, explicó.
Añadió que lo que vemos con estas leyes es que son regresivas, atentan contra la ciudadanía y se convierten en violadoras de la Constitución de la República, en tal razón, debemos analizar más a profundidad el grado de violación que se da, para poder hacer manifestaciones encaminadas a derecho en los órganos competentes a nivel interno y a nivel internacional.
La octava recomendación de la CIDH consiste en mejorar la seguridad a la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia militar, no participen en actividades de seguridad ciudadana.
Sobre este particular, la Coordinadora del COFADEH apuntó que esa recomendación es de fácil cumplimiento, si hay voluntad y si tenemos un conductor del Estado que no está sometido, sino que él sea el que rija las políticas de Estado, pero lo que estamos viendo es que hay una debilidad institucional en la que estamos muy lejos de lograr el fortalecimiento del estado que quedó quebrantado desde el 28 de junio a la fecha, porque lo que hay son declaraciones y propuestas muy redundantes en el manejo y la preocupación del tema de los derechos humanos.
La recomendación número nueve expresa: “Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a la protección judicial y se adopten mecanismos legales para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes y abusos contra las féminas y reparar a las víctimas de la violencia.
En este punto Oliva expresó a defensoresenlinea.com, que en los últimos 3 años se ha visto un sometimiento y una persecución hacia la mujer hondureña como nunca antes lo habíamos tenido. Primero se descalificaba a través de los medios corporativos de comunicación, hoy no solo se levantan campañas de desprestigio en contra de las mujeres, sino que actúa en contra de la vida de nosotras las mujeres.
“Y yo considero que la defensa de los derechos humanos, la defensa que tenemos las mujeres es un derecho universal, por tanto el Estado tiene que demostrar que ha frenado la comisión del delito y que aquellos delitos cometidos van a ser investigados y van a ser sancionados y puestos, no al escarnio público a los que causaron los crímenes, pero sí, que sea conocido por la mayoría de la población que esa o esas personas han cometido este tipo de atropellos contra las mujeres”, recalcó Oliva.
Consultada si el actual estado de corte patriarcal se resiste a implementar reformas para devolver la dignidad a las mujeres, Oliva respondió que esa cultura que hay, pesa mucho, pero por eso existe la propuesta de la mayoría de los sectores y de las mujeres organizadas que es necesario iniciar el proceso de refundación, y la refundación no es por simple capricho, es porque hemos estado sometidas por ese yugo que se convierte en verdugo permanentemente y para poder avanzar necesitamos demostrar voluntad política no con palabras, sino con hechos.
“Un gobernante o unas autoridades que no escuchan los reclamos de la ciudadanía, son gobernantes entre sí y para sí, pero no deben de convertirse entonces en gobernantes nacionales, sino de grupos”, precisó Bertha Oliva.
Por último, la CIDH le solicita al Estado de Honduras que disponga de medidas para proteger a sectores de población históricamente marginados como los niños, las niñas, juventud, la comunidad lésbico, gay, transexual, mujeres, pueblos indígenas y garífunas.
Al respecto, la defensora de derechos humanos manifestó que todos los sectores necesitamos un compromiso real y efectivo y además necesitamos que se inicie el proceso de rendición de cuentas, el otro aspecto es el de la reparación en todos los aspectos, que es una obligación del Estado y no una limosna y aquí se ha invertido y se ha mal interpretado la reparación de las víctimas.
“Un estado que no repara el daño causado, es un estado condenado a lo que está viviendo Honduras, ha convertirse en un estado profundamente señalado, sin posibilidad de avanzar, al contrario, de hundirse más porque las pocas veces que hacen la defensa a esa práctica que se convierte en política, luego se agotan y quedan en el desprestigio y no se debería dejar que esto continúe, sino frenar aquí con voluntad política y el apoyo necesario tratar de destruir la impunidad”, precisó Oliva.
Y añadió, “por eso COFADEH este año en su 30 aniversario, ha declarado año contra la impunidad, y ha declarado el año contra la impunidad, porque ¡tenemos memoria, por eso es que nosotras exigimos justicia!, y no con el hecho de manipular los casos a nuestro antojo o al antojo de los criminales, sino que lo casos se deben manejar como debe ser”.
Bertha Oliva adelantó que una misión de la CIDH que visitará el país en mayo próximo, conocerá casos que no han sido juzgados adecuadamente por el poder judicial y que obedecen a una estrategia de las instituciones operadoras de justicia en donde mueven un caso, que lejos de aclararlo se manipulan los hechos para aplicar justicia a su manera, y el pueblo está demandando justicia real para poder avanzar.
Finalmente la defensora de derechos humanos criticó que representantes del Estado han estado mintiéndole a la comunidad internacional y añadió que el tema de los derechos humanos no es un discurso, el tema es de concretizar el respeto, de no permitir que se continúen dando graves violaciones y la cacería humana, de no manipular y jugar con el dolor, de no permitir negociar con el dolor y un estado que tiene visión sobre eso, no puede continuar como hasta ahora está, en la cacería humana hasta de ideas y discursos, se necesita más ética política que voluntad política.
Bertha Oliva analizó uno a uno los planteamientos en una entrevista concedida a defensoresenlinea.com.
La primera observación es que el Estado de Honduras brinde un acceso efectivo a todas las personas, puesto que como lo han señalado diplomáticos europeos, el poder judicial hondureño ha actuado al servicio de las clases pudientes en menoscabo de la ciudadanía hondureña.
Al respecto, la defensora de derechos humanos expresó que esa recomendación es más que elocuente, y no lo dice basado en supuestas manifestaciones o supuestas informaciones de malos hondureños, lo está haciendo basado en hechos concretos de reclamación de justicia de varias personas que han sido violentadas en sus derechos y no encuentran ninguna posibilidad de accesar a justicia.
“Cuando un Estado no tiene un órgano de aplicación de justicia, se corre el riesgo de convertirse en un estado inerte en esa materia y por lo tanto le da puerta abierta al crimen para que continúe haciendo actos que pone en precario la libertad y la vida de sus ciudadanos.
En la segunda recomendación la CIDH le pide al Estado que investigue, juzgue y sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos. En este tema Oliva dijo que si uno hace una interpretación de la Comisión de la Verdad pareciera que se queda corta en creer que con admitir que hubo un golpe de Estado en Honduras, ya el caso de justicia está resuelto.
“Y es ahí donde inicia la búsqueda de justicia, es todo lo contrario, y con eso se pretende decir a nivel internacional que ya las cosas en materia de demanda de justicia, ya ha avanzado, y lo que está diciendo la CIDH al Estado es que actúe ya..!, porque los ojos de la comunidad internacional están pendientes del castigo a los responsables, no se puede admitir o solo admitir que hubo un golpe y que las cosas han vuelto a la normalidad cuando los implicados en el golpe están gozando de absoluta impunidad y es más, permanecen en sus puestos para darle la oportunidad de limpiar todo aquello que es violación a derechos civiles y políticos”, sostuvo Oliva.
En la tercera recomendación se solicita al Estado hondureño que impida que grupos armados actúen al margen de la ley, que se proceda a su desmantelamiento y se sancione y juzgue a los responsables.
Sobre esta observación, Bertha Oliva apuntó que en esta recomendación está claro que en nuestro país hay grupos actuando al margen de la ley y que no hay ninguna voluntad expresa para desmantelar, para desarticular, para castigar a estos grupos que están atacando a ciudadanos y ciudadanas y esa debería ser una preocupación, más que un decir de los agentes del Estado, de las autoridades que conforman el Estado de Honduras.
“Nosotras queremos advertir que si no se pone mano firme en esto, la situación se va a volver más caótica de lo que ya está, estamos viviendo en una permanente emergencia en materia de derechos humanos, este país está, a nuestro juicio, en una emergencia y en una deuda muy fuerte para con sus ciudadanos, para garantizar el debido ejercicio y el debido transitar de la ciudadanía”, advirtió la reconocida defensora de derechos humanos galardona con el Premio Tulipán 2010 otorgado por el Gobierno de Holanda por su destacada participación en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Oliva se refiere a grupos que operan en total impunidad y que tienen como propósito inmovilizar a la ciudadanía para que ésta no tenga opción de reclamación y que la ciudadanía se quede sin ninguna demanda que hacer por el temor que tiene.
La cuarta recomendación formulada está dirigida a prevenir los asesinatos, las intimidaciones y amenazas que sufren defensores y defensoras de derechos humanos (periodistas, líderes comunitarios, dirigentes sociales, feministas y miembros de la comunidad lésbico, gay y transexual, entre otros colectivos).
En este punto, la Coordinadora del COFADEH señaló que cuando se han hecho denuncias ante los órganos de justicia y que después de 3 años, ninguno de esos casos han sido juzgados conforme a derecho y conforme a la demanda de los familiares de las víctimas, nada se habrá logrado y el Estado continuará con peregrinaciones hacia el exterior con el resultados como los que se tienen ahora, que son un emplazamiento a nivel internacional en donde Honduras es visto nuevamente como un violador de derechos fundamentales.
Es urgente que se investigue a través de un cuerpo especial independiente de la policía de investigación, policía, Ministerio público y Poder Judicial todos los asesinatos en los cuales se cree que han sido por motivaciones políticas, reza la quinta recomendación.
Al respecto Oliva expresó que esa preocupación nosotras la hemos externado en todas las instancias que hemos podido porque esa es una propuesta que debería materializarse. “Esta preocupación la hicimos saber seguida de propuesta a la Relatora Especial Sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya que visitó el país recientemente”.
Dijimos que esa petición era de carácter urgente para que se instalara una “comisión con carácter independiente” alejada de las influencias políticas y alejada de los temores y tratar de ponerla al servicio de las víctimas y de la ciudadanía, que es al final de cuentas, la que está recibiendo día a día los embates del terrorismo de Estado.
La recomendación número 6 expresa lo siguiente: “Reparar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en los últimos 3 años”. Sobre el particular, Oliva explicó que para iniciar un proceso de reparación a las víctimas y familiares de las mismas, se necesita iniciar una investigación seria, con carácter independiente que le devuelva la confianza y la esperanza a los reclamantes y víctimas, para sentirse acompañadas de actos concretos de parte de los agentes del Estado y comenzar un proceso de erradicar y de golpear a la impunidad, y eso solo se puede hacer teniendo un ente independiente, fortaleciendo a las víctimas y no persiguiendo a los familiares de las mismas, que es lo que hasta el momento hemos tenido.
Con estas declaraciones concluyó la primera parte de las reflexiones expresadas por la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva en torno a las observaciones que recién acaba de plantear la CIDH al estado de Honduras.
Este año dio inicio la cuenta regresiva en donde el COFADEH cumplirá 30 años de fundación el próximo 30 de noviembre y el comité determinó señalar el 2012 como el año contra la impunidad y su slogan de campaña: ¡tenemos memoria, exigimos justicia!
En la segunda parte de la entrevista que brindó la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva a defensoresenlinea.com, en relación a las recomendaciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras, la reconocida defensora de derechos humanos denuncia las leyes recién aprobadas a las que califica de regresivas en materia de derechos humanos.
Oliva también analiza otras recomendaciones de la CIDH que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, juventud, pueblos originarios y otros temas que a su juicio han colocado al país en un estado de emergencia permanente en materia de derechos humanos.
La séptima recomendación de la CIDH a Honduras, está encaminada a que se garanticen las condiciones en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos y abstenerse en realizar acciones que busquen limitar u obstaculizar el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que realizan defensoría de derechos humanos.
En esta solicitud Bertha Oliva recalcó que “nosotras referimos en varias ocasiones que era urgente implementar un mecanismo para defensores y defensoras de derechos humanos y que ese mecanismo pasara por revisar las leyes que hasta hoy en día se han emitido en el Congreso Nacional que reflejan una evidente involución y restricción para los defensores y defensoras.
“Porque lo que antes era una violación de derechos humanos, hoy nos cuesta y es difícil tarea, probar que hay una violación porque lo primero que sacan son las leyes que se han aprobado (Ley Antiterrorista, ley de Escuchas Telefónicas, entre otras) y eso hace que tengamos en sí, la certeza que hay una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque nos vemos obstaculizadas en nuestras acciones, denunció Oliva.
La defensora de derechos humanos indicó que después de un análisis consciente, un equipo del COFADEH compareció a finales de marzo en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la necesidad de levantar nuestra voz de preocupación ante las instancias internacionales que pueden hacer una revisión objetiva e independiente.
“No lo hicimos con el propósito de desacreditar, lo hicimos con el propósito de mejorar y que se vea que se están utilizando leyes, en las cuales se viola la Constitución de la República una vez más, porque los congresistas se atribuyen atribuciones que no les compete como es el de la interpretación de la Constitución de la República para formalizar una ley atentatoria a derechos cuando dio potestad a las Fuerzas Armadas para que actúen deliberadamente atemorizando bajo el pretexto de apoyar al ministerio de Seguridad en el combate a la inseguridad”, explicó.
Añadió que lo que vemos con estas leyes es que son regresivas, atentan contra la ciudadanía y se convierten en violadoras de la Constitución de la República, en tal razón, debemos analizar más a profundidad el grado de violación que se da, para poder hacer manifestaciones encaminadas a derecho en los órganos competentes a nivel interno y a nivel internacional.
La octava recomendación de la CIDH consiste en mejorar la seguridad a la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia militar, no participen en actividades de seguridad ciudadana.
Sobre este particular, la Coordinadora del COFADEH apuntó que esa recomendación es de fácil cumplimiento, si hay voluntad y si tenemos un conductor del Estado que no está sometido, sino que él sea el que rija las políticas de Estado, pero lo que estamos viendo es que hay una debilidad institucional en la que estamos muy lejos de lograr el fortalecimiento del estado que quedó quebrantado desde el 28 de junio a la fecha, porque lo que hay son declaraciones y propuestas muy redundantes en el manejo y la preocupación del tema de los derechos humanos.
La recomendación número nueve expresa: “Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a la protección judicial y se adopten mecanismos legales para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes y abusos contra las féminas y reparar a las víctimas de la violencia.
En este punto Oliva expresó a defensoresenlinea.com, que en los últimos 3 años se ha visto un sometimiento y una persecución hacia la mujer hondureña como nunca antes lo habíamos tenido. Primero se descalificaba a través de los medios corporativos de comunicación, hoy no solo se levantan campañas de desprestigio en contra de las mujeres, sino que actúa en contra de la vida de nosotras las mujeres.
“Y yo considero que la defensa de los derechos humanos, la defensa que tenemos las mujeres es un derecho universal, por tanto el Estado tiene que demostrar que ha frenado la comisión del delito y que aquellos delitos cometidos van a ser investigados y van a ser sancionados y puestos, no al escarnio público a los que causaron los crímenes, pero sí, que sea conocido por la mayoría de la población que esa o esas personas han cometido este tipo de atropellos contra las mujeres”, recalcó Oliva.
Consultada si el actual estado de corte patriarcal se resiste a implementar reformas para devolver la dignidad a las mujeres, Oliva respondió que esa cultura que hay, pesa mucho, pero por eso existe la propuesta de la mayoría de los sectores y de las mujeres organizadas que es necesario iniciar el proceso de refundación, y la refundación no es por simple capricho, es porque hemos estado sometidas por ese yugo que se convierte en verdugo permanentemente y para poder avanzar necesitamos demostrar voluntad política no con palabras, sino con hechos.
“Un gobernante o unas autoridades que no escuchan los reclamos de la ciudadanía, son gobernantes entre sí y para sí, pero no deben de convertirse entonces en gobernantes nacionales, sino de grupos”, precisó Bertha Oliva.
Por último, la CIDH le solicita al Estado de Honduras que disponga de medidas para proteger a sectores de población históricamente marginados como los niños, las niñas, juventud, la comunidad lésbico, gay, transexual, mujeres, pueblos indígenas y garífunas.
Al respecto, la defensora de derechos humanos manifestó que todos los sectores necesitamos un compromiso real y efectivo y además necesitamos que se inicie el proceso de rendición de cuentas, el otro aspecto es el de la reparación en todos los aspectos, que es una obligación del Estado y no una limosna y aquí se ha invertido y se ha mal interpretado la reparación de las víctimas.
“Un estado que no repara el daño causado, es un estado condenado a lo que está viviendo Honduras, ha convertirse en un estado profundamente señalado, sin posibilidad de avanzar, al contrario, de hundirse más porque las pocas veces que hacen la defensa a esa práctica que se convierte en política, luego se agotan y quedan en el desprestigio y no se debería dejar que esto continúe, sino frenar aquí con voluntad política y el apoyo necesario tratar de destruir la impunidad”, precisó Oliva.
Y añadió, “por eso COFADEH este año en su 30 aniversario, ha declarado año contra la impunidad, y ha declarado el año contra la impunidad, porque ¡tenemos memoria, por eso es que nosotras exigimos justicia!, y no con el hecho de manipular los casos a nuestro antojo o al antojo de los criminales, sino que lo casos se deben manejar como debe ser”.
Bertha Oliva adelantó que una misión de la CIDH que visitará el país en mayo próximo, conocerá casos que no han sido juzgados adecuadamente por el poder judicial y que obedecen a una estrategia de las instituciones operadoras de justicia en donde mueven un caso, que lejos de aclararlo se manipulan los hechos para aplicar justicia a su manera, y el pueblo está demandando justicia real para poder avanzar.
Finalmente la defensora de derechos humanos criticó que representantes del Estado han estado mintiéndole a la comunidad internacional y añadió que el tema de los derechos humanos no es un discurso, el tema es de concretizar el respeto, de no permitir que se continúen dando graves violaciones y la cacería humana, de no manipular y jugar con el dolor, de no permitir negociar con el dolor y un estado que tiene visión sobre eso, no puede continuar como hasta ahora está, en la cacería humana hasta de ideas y discursos, se necesita más ética política que voluntad política.
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