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| Foto FENACLE |
FENACLE, CNC-EA y FOCAL denuncian represión y exigen justicia
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El pasado 10 de noviembre, el sicariato que opera al servicio de grandes terratenientes volvió a teñir de sangre el suelo ecuatoriano. La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustrial, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA) y la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (FOCAL) exigen una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables materiales e intelectuales.
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En el marco del Plan Tierras, un programa gubernamental de redistribución y entrega de tierras de carácter asociativo a los pequeños productores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) decidió traspasar a campesinos integrantes de varias asociaciones adscritas a la FENACLE, la CNC-EA y a la FOCAL, un predio de 770 hectáreas ubicado en el recinto Zafando, que pertenece a la parroquia Chongón, provincia del Guayas.
Según las organizaciones campesinas, estas tierras habían sido declaradas baldías desde el año 2000 y el MAGAP se las había entregado en julio de 2012. Sin embargo, a raíz de las fuertes presiones y amenazas ejercidas por el terrateniente Carlos Manzur, quien asegura ser el legítimo propietario de las tierras, fue hasta el 6 de noviembre del mismo año que los grupos campesinos pudieron tomar posesión del predio.
Durante todo un año, las familias campesinas denunciaron la presencia de grupos de choque y las amenazas vertidas por el señor Manzur contra dirigentes de las organizaciones beneficiarias del programa.
El pasado 10 de noviembre, Carlos Ramos, dirigente de base de la CNC-EA, Patricia Burgos, funcionaria del Banco Nacional de Fomento y Patricia Pinargote, esposa de Ramos, fueron al terreno para una reunión.
Al llegar a la garita puesta en la entrada de la finca se dieron cuenta que no estaban los guardias de seguridad, sino cinco hombres armados que, sin mediar palabras, comenzaron a disparar.
Carlos Ramos y Patricia Burgos perdieron la vida al instante, mientras que Patricia Pinargote quedó gravemente herida y perdió la vista.
La violencia que no cesa
“A partir de que las asociaciones campesinas se apoderaron del predio, Carlos Ramos había recibido varias amenazas y los terrenos fueron repetidamente invadidos por ganado de propiedad de Manzur”, dijo a La Rel, Ángel Rivero, presidente de la FENACLE.
El dirigente sindical explicó que en la zona de Zafando la situación se ha vuelto muy difícil, y que teme por la vida de sus afiliados.
“La compañera Rosa Mero, presidenta de una de las asociaciones de la zona afiliadas a la FENACLE, ha sido amenazada y perseguida, con la clara intención de asesinarla”, explicó Rivero.
Ante este grave acto, la FENACLE, la CNC-EA y la FOCAL dieron a conocer una declaración en la que exigen al Estado el inicio de un proceso de investigación exhaustiva, “hasta dar con los autores materiales e intelectuales del execrable crimen de dirigentes que vienen luchando por la tenencia de la tierra, y que tocan intereses de terratenientes, traficantes de tierras y grupos de poder”.
Asimismo, pidieron que se conforme una Comisión integrada por Ángel Rivero, delegados de organizaciones campesinas, delegados del Parlamento, el Gobierno y del Poder Judicial, “para dar con los responsables de cobarde asesinato”.
Finalmente, las tres organizaciones exigieron al gobierno acelerar el proceso de redistribución y entrega de tierra en el país, desalojar de inmediato a los invasores del recinto Zafando, así como garantizar protección de las y los dirigentes de las diferentes organizaciones que se encuentran en los procesos de adjudicación de tierras a nivel nacional.
La reacción de los terratenientes
“El programa gubernamental de redistribución de tierras está generando una fuerte reacción de parte de los terratenientes, y ya son varios los compañeros asesinados en todo el país. Esta situación debe parar -exigió Rivero-, porque no es posible que la gente muera solamente por pedir que se respete su derecho a tener acceso a la tierra, y a producir alimentos”, aseveró.
El presidente de la FENACLE advirtió también que ya no es posible dilatar más el inicio de la discusión de la Ley de Tierra, para lograr una verdadera desconcentración de las tierras en el país.
Asimismo, pidió a las organizaciones internacionales amigas, entre ellas la UITA, que sigan solidarizándose con esta lucha, que condenen el atroz asesinato de los compañeros campesinos y que estén atentas a lo que pueda pasar.
Según las organizaciones campesinas, estas tierras habían sido declaradas baldías desde el año 2000 y el MAGAP se las había entregado en julio de 2012. Sin embargo, a raíz de las fuertes presiones y amenazas ejercidas por el terrateniente Carlos Manzur, quien asegura ser el legítimo propietario de las tierras, fue hasta el 6 de noviembre del mismo año que los grupos campesinos pudieron tomar posesión del predio.
Durante todo un año, las familias campesinas denunciaron la presencia de grupos de choque y las amenazas vertidas por el señor Manzur contra dirigentes de las organizaciones beneficiarias del programa.
El pasado 10 de noviembre, Carlos Ramos, dirigente de base de la CNC-EA, Patricia Burgos, funcionaria del Banco Nacional de Fomento y Patricia Pinargote, esposa de Ramos, fueron al terreno para una reunión.
Al llegar a la garita puesta en la entrada de la finca se dieron cuenta que no estaban los guardias de seguridad, sino cinco hombres armados que, sin mediar palabras, comenzaron a disparar.
Carlos Ramos y Patricia Burgos perdieron la vida al instante, mientras que Patricia Pinargote quedó gravemente herida y perdió la vista.
La violencia que no cesa
“A partir de que las asociaciones campesinas se apoderaron del predio, Carlos Ramos había recibido varias amenazas y los terrenos fueron repetidamente invadidos por ganado de propiedad de Manzur”, dijo a La Rel, Ángel Rivero, presidente de la FENACLE.
El dirigente sindical explicó que en la zona de Zafando la situación se ha vuelto muy difícil, y que teme por la vida de sus afiliados.
“La compañera Rosa Mero, presidenta de una de las asociaciones de la zona afiliadas a la FENACLE, ha sido amenazada y perseguida, con la clara intención de asesinarla”, explicó Rivero.
Ante este grave acto, la FENACLE, la CNC-EA y la FOCAL dieron a conocer una declaración en la que exigen al Estado el inicio de un proceso de investigación exhaustiva, “hasta dar con los autores materiales e intelectuales del execrable crimen de dirigentes que vienen luchando por la tenencia de la tierra, y que tocan intereses de terratenientes, traficantes de tierras y grupos de poder”.
Asimismo, pidieron que se conforme una Comisión integrada por Ángel Rivero, delegados de organizaciones campesinas, delegados del Parlamento, el Gobierno y del Poder Judicial, “para dar con los responsables de cobarde asesinato”.
Finalmente, las tres organizaciones exigieron al gobierno acelerar el proceso de redistribución y entrega de tierra en el país, desalojar de inmediato a los invasores del recinto Zafando, así como garantizar protección de las y los dirigentes de las diferentes organizaciones que se encuentran en los procesos de adjudicación de tierras a nivel nacional.
La reacción de los terratenientes
“El programa gubernamental de redistribución de tierras está generando una fuerte reacción de parte de los terratenientes, y ya son varios los compañeros asesinados en todo el país. Esta situación debe parar -exigió Rivero-, porque no es posible que la gente muera solamente por pedir que se respete su derecho a tener acceso a la tierra, y a producir alimentos”, aseveró.
El presidente de la FENACLE advirtió también que ya no es posible dilatar más el inicio de la discusión de la Ley de Tierra, para lograr una verdadera desconcentración de las tierras en el país.
Asimismo, pidió a las organizaciones internacionales amigas, entre ellas la UITA, que sigan solidarizándose con esta lucha, que condenen el atroz asesinato de los compañeros campesinos y que estén atentas a lo que pueda pasar.
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