Este
año quedó en evidencia la falta de políticas y de acciones en el país,
que pretendan revertir las causas estructurales de la crisis ambiental
que, sin dudas, nos aqueja. Esta crisis impacta de forma cotidiana los
recursos de la naturaleza. Sin embargo, también nos afecta diariamente a
nosotras y nosotros, seres humanos, habitantes del planeta.
Agudización de los conflictos ambientales.
A pesar de los intentos del sector, la falta de una agenda nacional de
temas ambientales, la ausencia de proyectos de ley innovadores, y la
ausencia de participación, han judicializado y multiplicado los
conflictos socio ambientales en todo el país. Como lo evidencia el
reciente Estado de la Nación, con 425 protestas y acciones colectivas
solo en el actual gobierno. Por tercer año consecutivo se mantienen los
máximos históricos en el número de acciones colectivas sobre asuntos
ambientales: 48 en total (34 en 2010 y 54 en 2011). Reflejo del disgusto
de la población por la manera en la que se lapidan nuestros recursos
naturales.
Parte de estas movilizaciones que fueron organizadas o acompañadas por el movimiento ecologista este año destacan: "Marcha mundial anti-Monsanto", Vigilias por Jairo!, Acciones de solidarizan con trabajadores en Sixaola , Marcha unitaria del Movimiento Social y Sindical, En defensa del Magistrado Cruz , Marcha nacional del 25 de Junio y Por la defensa de las ferias del agricultor.
En
este 2013, los datos del Estado de la Nación nos desnudan una brecha
social cada vez mayor. Los últimos 20 años de políticas neoliberales,
hicieron que Costa Rica pasara de ser uno de los más igualitarios, a ser
uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. Además, dejan
en evidencia que estamos consumiendo y dilapidando anualmente mucho más
recursos naturales de los que nuestro país dispone, lo cual es la
muestra más grave de los desequilibrios ambientales. Estamos
"comiéndonos" los recursos de las futuras generaciones. Esa es nuestra
“huella ecológica” (relación entre el consumo y la cantidad de recursos
disponibles por persona), la cual devela una oscura realidad, que se
torna más dramática si tomamos en cuenta que no todos y todas consumimos
la misma cantidad de recursos. Además la pobreza y desigualdad en
nuestro país van a significar mayor incremento de los conflictos
sociales y ambientales.
Como reflejo de la agudización de las políticas neoliberales, hoy existen luchas contra la contaminación del agua por arsénico (Zona Norte y Guanacaste), contra la instalación de marinas en Golfo Dulce, megaproyectos -como el aeropuerto o Diquís - en el Sur, los impactos de los monocultivos de caña -principalmente las quemas-, y la expansión incontrolada de piña -que genera contaminación del agua, entre muchos otros problemas-.
Lo
descrito revela la falta de norte, es decir, la ausencia de una
verdadera política ambiental. Otro ejemplo que permite constatar esta
realidad, es el desmantelamiento de la soberanía ambiental. Situación
que salta a la vista con la concesión de la carretera a San Ramón, la
Trocha o la ampliación de la ruta 32. Donde se hace patente el
menosprecio por los mecanismos de evaluación ambiental y la legislación
vigente en esta materia, y la búsqueda de formar de evadir los controles
ambientales.
Además
de los que ya han sido mencionados, a continuación hacemos un repaso
por otros de los principales problemas estructurales y temáticos que nos
muestran un panorama del estado ambiental de nuestro territorio. Entre
los que destacan la debilidad y mala gestión institucional del Estado.
Iniciamos con la respuesta ante un importante resultado obtenido por el
movimiento ecologista: un promedio de una declaratoria de territorio
libre de transgénicos por semana; lo cual, significó contra campañas de
algunas instituciones del gobierno a favor de estos cultivos y además,
fuertes cuestionamientos a la autonomía municipal.
Por
otro lado, terminamos el año sin una agenda de leyes para proteger el
agua y la Ley de Aguas actual cumplió 71 años, más bien hay un claro
retroceso al haberse presentado dos textos sustitutivos de carácter
centralista y privatizador. En el tema energético también deja mucha
tela que cortar, con más de 60 represas privadas, incineradoras,
refinería e extracción de gas; se pretende imponer un modelo de
apertura, concesiones y de expansión hasta en los mismos Parques
Nacionales.
Como
si fuera poco, el tema de la expansión piñera sin límites sigue entre
las principales fuentes de conflictos. Por otro lado las industrias
extractivas se niegan a morir en el caso de la minería y están tomando
la ofensivamente la explotación de gas. Finalmente, en el resumen del
año destaca negativamente el asesinato de Jairo Mora, así como nuevas
amenazas a otros ecologistas. Como aspecto positivo, destaca la
propuesta de una agenda de futuro del movimiento ambiental.
Made in China
¿Qué llevo a Costa Rica a cambiar la fidelidad de seis décadas con
Taiwán que estuvo justificado, en parte, por la brutalidad del régimen
de China continental y la simpatía de nuestros gobernantes hacia esta
isla anti régimen? Algunos de los negocios que desde 2007 se han venido
evidenciando explican esta decisión pragmática y económica.
Repentinamente, la violación sistemática a los derechos humanos y el
totalitarismo chino se vieron diluidos por un estadio, un barrio chino,
represas, carreteras y una pomposa refinería.
Debilidad institucional.
Las instituciones encargadas de evaluar temas ambientales, parecieran
estar saqueadas y ser inoperantes. Se les ha debilitado con la
intervención que se hace, por ejemplo, a la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA) con el fin de facilitar la aprobación de las
viabilidades ambientales que requieren proyectos caracterizados por la
polémica. Además, de la promulgación de reglamentaciones que quedan a la
medida de los empresarios y no así, de la protección al ambiente, que
es interés de toda persona. Como si fuera poco, desde el Ministerio de
Competitividad y el de Economía se tiene intervenida -desde la
Administración anterior- a la Secretaría. Durante el año, los
ecologistas criticaron esta intromisión que dio origen a un reglamento sin la participación frente a la intervención de Setena por lo cual, interpusieron una Acción de Inconstitucional que fue aceptada por Sala IV y paraliza reforma al reglamento.
Falta de presupuesto y plazas. Para
el 2014, el MINAE contará con apenas un 0,6 % del presupuesto nacional.
Con este monto, deberá atender más de 25 % del territorio nacional –que
se encuentra protegido-, y todas las denuncias por daño ambiental que
sean de su competencia, en el resto del país. Por otra parte, el MINAE
también tiene un déficit de 800 plazas. Como si fuera poco, se
recortaron seis plazas a lo interno del Ministerio, a pesar de los
compromisos de aumentarlas, que fueron adquiridos tras el asesinato de
Jairo Mora.
Mala gestión y castigo a la eficiencia.
El más reciente informe del Estado de la Nación señala el “débil
desempeño” que demuestran el SINAC, el MINAE y la SETENA, tres
entidades clave del sector gubernamental en materia ambiental. De forma
ilustrativa, tenemos que para el 2012, el SINAC ocupó el lugar 155 y el
MINAE se posicionó en el 146, de entre 160 instituciones públicas
evaluadas por la Contraloría General de la República (CGR) mediante el
índice de gestión institucional, conocido como IGI. Pero, también señala
el informe, que la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad desmejoró su calificación en cinco puntos con respecto al
2011. Mientras el Tribunal Ambiental, uno de los mejores evaluados por
la Contraloría, pasa del lugar 17 en 2012 al puesto 6 para el 2013, por
lo cual, se le castiga su eficiencia con una disminución presupuestaria
de 35,3 millones para ejecutar en 2014.
Esta
institucionalidad ambiental ha sido incapaz, en un año, de reglamentar
la nueva una Ley de Vida Silvestre, la cual fue presentada por vía del
mecanismo de iniciativa popular. Entre otras incapacidades sobradamente
demostradas.
Lucha contra los transgénicos.
Al inicio de la campaña por “la Defensa del Maíz, en noviembre del
2012, había 8 municipios declarados libres de transgénicos. Mientras,
que para finales del 2013 se tienen un total de 69 declaratorias, o sea
alrededor de 61 municipios habían adoptado esta política. Cabe mencionar
que cada una de estas declaratorias implicó movilización,
conversatorios, talleres o reuniones con las organizaciones locales. La
campaña comprendió visitas a los municipios por parte de la FECON,
Bloque Verde y de la Red de Coordinación en Biodiversidad y un grupo
amplio de activistas que incluyen miembros y colaboradores del
movimiento ambiental.
Además,
se realizaron 12 actividades masivas de movilización (marchas y
concentraciones), entre las que destacan se la celebración de la “Semana Nacional en Defensa de la Semilla Libre de Transgénicos”,
del 4 al 10 de marzo la cual, sumó más de 45 actividades simultaneas en
alrededor de 25 cantones del país. Hace un año se interpuso una Acción de inconstitucionalidad (12-
Aunado a lo anterior, el día mundial de la alimentación (16-10-13) diputados, académicos y ecologistas presentan proyecto de ley N°18.941 que
declara una moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos
vivos modificados (transgénicos), no restringiendo con ello la
investigación científica en ambientes confinados. La Iniciativa
declararía de interés público y nacional el fomento de prácticas
agroecológicas y está a la espera de ser discutida por los diputados.
En otros temas de agro-biodiversidad se Presentó el libro sobre el despojo de la riqueza biológica y en la discusión legislativa, la Red de Coordinación en Biodiversidad y FECON recomendaron la no aprobación del Protocolo de Nagoya y se dio la eliminación por fin del Bromuro de Metilo ; a pesar de que pudo eliminarse desde el 2008.
La Ley de aguas cumplió 71 años. Un
año más sin una agenda de leyes para proteger el agua, pese a que hay
más amenazas (como la contaminación química por piñeras y arsénico). En
este año, siguió predominando -sobre la agenda y la protección del
agua- los intereses económicos y políticos de pocos por encima del
bienestar de toda la población. El gobierno y sus aliados (Movimiento
Libertario y el PASE) dieron un paso para desechar la Agenda Legislativa
del Agua que incluye tres proyectos básicos: La reforma constitucional
que reconoce el derecho humano al agua y declara el agua como bien de
dominio público, El Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico
presentado mediante el mecanismo de la iniciativa popular del 2010
(Expediente N °17914)-, y El Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de
los Acueductos Comunales (expediente N° 17742).
Estos
tres proyectos llevan años siendo postergados, pero fue al final del
año que el gobierno impuso dos textos sustitutivos de carácter
centralista y privatizador. Con ello, se irrespeta el proyecto de Ley de Aguas firmado
por más de 170.000 costarricense y que tendría que ser votado en días
próximos. Lo anterior, debido a que los proyectos que ingresan al
Congreso mediante el mecanismo de iniciativa popular, deben ser
aprobados o desechados mediante votación dentro de los dos años
siguientes a su presentación. Esta maniobra del Poder Ejecutivo
consistió en convocar el expediente de la Ley de Aguas a sesiones
extraordinarias, sin embargo, para sorpresa e indignación de varias
fracciones parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil, el
texto sometido a votación era diferente al proyecto de iniciativa
popular. Debido a la presión ejercida, el Ejecutivo retiró el proyecto
de la corriente legislativa, pero con esa acción, se reveló la
estrategia de fondo: que no se logre ningún texto y que se rechace tanto
la iniciativa popular y como el texto propuesto por el gobierno.
La
misma suerte corrió el Proyecto de Acueductos Comunales o ASADAS pues
la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó
afirmativamente un texto sustitutivo presentado por el AyA y el Poder Ejecutivo, desconociendo la versión original presentada en 2010
por 280 ASADAS. El proyecto buscaba fortalecer los acueductos con
herramientas, un marco legal y competencias claras y equilibradas para
las ASADAS, generando una alianza público-comunitaria. Esto vendría a
cerrar las puertas a formas de privatización disfrazadas que en el
pasado quisieron imponerse, como proyectos de urbanizaciones, proyectos
hoteleros y desarrollo inmobiliario.
Expansión piñera sin límites.
Culminó el proceso de la “Plataforma Nacional de Producción y Comercio
Responsable de Piña” denunciado por los afectados por esta actividad:
“por tratar de mediatizar la resistencia social y maquillar los impactos
socioambientales de las piñeras.” Antes de cualquier proceso, los
afectados solicitaron tres condiciones básicas: que el sector empiece a
cumplir las leyes ambientales y sociales, a no criminalizar
(judicializar) mediante demandas a las comunidades o municipalidades que
resisten sus impactos y que se retiren las acciones legales y políticas
contra las moratorias a la expansión del cultivo de piña en Guácimo y
Pococí (ver más).
En el ámbito judicial, hay preocupación por la reciente anulación
(Voto 02572-13) del acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, Nº 448 del
2012 que prohibía las licencias municipales para la expansión de piña
en el Cantón. Esta acción fue interpuesta por la Cámara de piñeros y
está en estudio otro recurso de amparo por la moratoria a la siembra de
piña en Guácimo en las partes altas que corresponden a la zona de
recarga acuífera.
Expansión energética privada.
Una lista de más 60 proyectos -32 con elegibilidad vigente y 28 en
trámite- que evalúa el ICE para la generación privada de electricidad
han desatado un conflicto por todo el territorio (Ver más).
Decenas de comunidades están obligadas a convivir con los problemas
relacionados con la explotación ilimitada del agua por la proliferación
de represas y megaproyectos de infraestructura que implican la
privatización de agua sean directas o indirectas. Como por ejemplo, las
intenciones de seguir con la construcción de proyectos hidroeléctricos
Ayil en el río Duchí-Chirripó Atlántico, Pacuare, Savegre, Telire,
Chachagua, La Tigra , Upala, Diquís, Parritón en Acosta, Parismina ,
Rivas de Pérez Zeledón, Talamanca y Sarapiquí. (Ver más)
De
entre los casos más destacados de este año resaltan los 12 proyectos
hidroeléctricos privados en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos
Aires, en la zona sur del país. Ante la creciente escasez y poca
disponibilidad de fuentes de agua limpia, el control de los pequeños
ríos ha detonado en varios conflictos,
donde se disputa el recurso hídrico para el consumo humano. Esta
escasez está limitando nuevos desarrollos de infraestructura comercial o
urbanística de ambos cantones. La problemática se agravó cuando el ICE
adjudicó dos proyectos (Consuelo y Monteverde II) en la licitación del
ICE (N°01-2012), dándoles un año para completar el Estudio de Impacto
Ambiental.
Estas
comunidades y los municipios del Sur, junto con otras en la Zona Norte y
el Caribe, permiten que sea posible comprender la práctica del
Gobierno, que impulsa la apertura del mercado eléctrico, mientras no
tiene mayor interés en aprobar una nueva Ley del Recurso Hídrico, ni en
la reforma constitucional para que el agua sea un bien de dominio
público y su acceso se considere como un derecho humano. Esta nueva
licitación, tampoco consideró ningún ordenamiento ni otro mecanismo
efectivo para definir el uso racional de las cuencas, que se emplean
para la generación eléctrica. Tampoco ha tenido consideraciones hacia la
garantía del agua para el consumo humano, asunto que ha provocado
conflictos por el uso del recurso en diversas regiones del país. Estos
proyectos son proyectos a filo de agua y pequeños embalses, en la
estación seca es de esperar que disminuyan. Por lo que, no resuelvan el
problema de fondo, que es la necesidad de disminuir la generación
eléctrica en el verano producida a base de petróleo ( ver más).
Ante
esta nueva embestida de la generación privada las comunidades han
iniciado un proceso de organización en el Caribe mediante una moratoria a las represas en Zonas de recarga acuífera, el Encuentro de organizaciones locales y nacionales en la Tigra ( marzo) y un encuentro de afectados en la Zona Sur del país y un encuentro de las comunidades y organizaciones indígenas. Además de diversos foros en Dota, Acosta, Upala.
Mutilación o permutas de Parques Nacionales.
Otra gran discusión se abrió cuando se intentó aprobar, sin mayor
debate, el proyecto de Ley 17680 que pretende que se autorice el
desarrollo de un proyecto de geotermia en el Parque Nacional Rincón de
la Vieja. Esta amenaza constituye un portillo para la apertura de otras
actividades como plantas de generación hidroeléctrica, minería, y otras.
De realizarse el proyecto, se está creando un precedente muy peligroso.
De acuerdo con el área señalada en el Proyecto de Ley, ésta corresponde
a una zona que es única en sus características, no existe un bosque
similar por lo que, el desarrollo de esta actividad tendría
consecuencias nefastas en la conservación ecológica. Este Parque
Nacional es el más visitado en Guanacaste y aporta con $23
millones de dólares a la economía de la zona; incluyendo también más
del 50 % del agua potable de Liberia (CINPE UNA, 2010). Un dictamen de
la Contraloría confirma debilidad del Proyecto de Geotermia en Parques Nacionales. El tema ha generado una gran y evidente oposición en distintos pronunciamientos de organizaciones, artistas y foros para discutir las implicaciones del proyecto.
Minería. Después de las amenazas y el rechazo de muchas organizaciones ecologistas
finalmente, la compañía Industrias Infinito interpondrá un arbitraje
internacional. Lo que no está claro es si el gobierno va a aceptar
someterse a este mecanismo de resolución alternativa de conflictos y el costo que acarearía para el país. En Canadá existe un importarte movimiento que rechaza el arbitraje y las intenciones de Industrias Infinito. Hay una serie de acciones legales contra la ley y en contra el decreto Moratoria. Mientras la mina Bellavista interpuso una acción legal que busca Indemnizar o reactivar la minería en Miramar.
Refinería, Gas y los cuentos chinos. La
construcción de este megaproyecto en nuestro país ha desatado una
polémica que ha incluido dudas financieras, legales, falta de
licitación, falta de transparencia e información. Entre las dudas
ambientales está el retraso que implicaría para el desarrollo de
energías alternativas profundizar nuestra dependencia de combustibles
fósiles. La preguntas en ese sentido sería ¿por qué no invertir esos
recursos en un transporte público (que incluya metro urbano y reactivar
el tren a Limón para eliminar gran parte del transporte contaminante
particular) o proyectos de energías renovables? (Ver más)
Una
de las grandes dudas es que a pesar de los cuestionamientos del
proyecto y dudas sobre el esquema final, RECOPE anunció que ya tiene
aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto. Esto último
implicaría una violación a la legislación ambiental pues se aprobó un
proyecto que no parece ser el proyecto final. Además los ecologistas platearon una solicitud de investigación en el marco de la aprobación del Estudio de Impacto ambiental y un proceso de nulidad por las omisiones en ese sentido.
El proyecto la refinería es el señuelo para explotar gas y petróleo.
El “des-negocio” o la estafa que se propone en relación al refinería
china en Costa Rica no se puede explicar más que por el negocio que
viene amarrado con la explotación de gas en el Norte y El Caribe. Esto
queda en evidencia en el acuerdo con la compañía estatal china China
Nacional Petroleum Corporation (CNPC) para construir una mega refinería
firmado en el gobierno de Óscar Arias en 2007 donde se incluye la
posibilidad futura de exploración petrolera en Costa Rica con Petrochina
(Ver acuerdo)
En el tema del gas y petróleo también llamaron la atención el gran lobby que está haciendo las compañías que incluyó la visita de Obama y la defensa de los interese de la compañía Mallon que también sufrió un nuevo revés legal que agota la vía legal en nuestro país.
También en los últimos meses, la presidenta y el candidato oficialista
pusieron “gas” a la posible explotación de gas natural en el país (Ver más).
Finalmente en este tema, en el contexto de las tensas relaciones
oficial entre Costa Rica se trató de revivir nuevamente el conflicto por
petróleo en la frontera por un petróleo, que no se sabe si existe y en
unos límites aún no están oficializados por ambos países (ver más).
Incineración de desechos un nuevo conflicto.
La propuesta de generar energía a partir de los residuos generó el
interés de 50 empresas de 20 países pero en este momento son 12
proyectos los que avanzan en Belén de Carillo, Cañas, Abangares,
Parrita, San Carlos, La Garita, Atenas, Los Mangos, Gran Área
Metropolitana, Barranca, León Cortés, Goicoechea. Estos se unen a los
dos existentes en El Tejar de Holcim, Colorado de Abangares de CEMEX (ver más detalle).
La producción de energía mediante el procedimiento de gasificación o
incineración ha sido cuestionado en muchos países por considerarlo por
ser insostenible, no renovable, intensiva en carbono, contribuyente al
cambio climático, reduce el reciclaje y el retrasa las propuestas
integrales que puedan llegar a la producción de cero basura.
En el caso del proyecto de Barranca,
tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los
vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena)
archivara el proyecto (ver más
). Otra lucha importante la encabeza el Movimiento en contra de la
construcción de una incineradora de basura en la comunidad de Rio Grande
de Atenas (ver más).
Más de 90 personas y organizaciones nacionales e internacionales
acompañadas por 155 vecinos de Barranca firmaron una petición a la
Ministra de Salud para solicitar que no otorgue el permiso a la
producción de combustibles derivados de residuos (CDR) y que se elabore y
presente un Proyecto de Ley, que prohíba la incineración de plásticos
por constituir una amenaza directa a la salud pública y ambiental (ver petición).
Infraestructura vrs ambiente.
El mal manejo del gobierno en proyectos claves de infraestructura ha
caído uno por uno plagados de errores, de ilegalidad y de abusos. Entre
ellos la refinería, la Marina de Moín, frente a la soberanía ambiental se debilitando con concesiones como la carretera a San Ramón. Mientras se le sigue apostando a proyectos de alto impacto socio-ambiental como Aeropuerto de Osa. Un buen caso de estudio es en el de Moín donde los megaproyectos ponen el riesgo las tortugas. Un proyecto que ocupo la atención de la agenda ambiental es el Megapuerto de Moín donde se han presentado observaciones de fondo sobre el impacto ambiental y en la parte social por el Colegio de Sociología y la Defensoría de los habitantes
Nuevo asesinatos, atentados y demandas. Con
el trágico asesinato de Jairo Mora se llega a nueve activistas muertos,
cuyos asesinatos han quedado en la impunidad en los últimos 20 años.
Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas
documentadas que incluyen al menos 12 atentados o ataques directos, 10
incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de
demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 activistas comunitarios (ver más).
Luego del asesinato de Jairo vinieron nuevamente amenazas de muerte contra conservacionistas en el Refugio de Vida Silvestre Caletas en Guanacaste y contra guadaparques del Parque Nacional Isla del Coco. El Minae denunció a un cazador que
hirió con arma blanca a un voluntario que les acompañó en una acción
contra la cacería ilegal en Palmichal de Acosta. Don
Alcides Parajeles sufrió un nuevo atentado en Osa, asimismo fue agredida la
ambientalista Vanessa Lizano, compañera de Jairo Mora. También
aumentaron los casos de asesinatos de ecologistas en la Región.
Hubo nuevas demandas contra activistas, como fue el caso de la defensora del agua Eunice Contreras del Comité Pro-defensa y conservación del Agua, mientras que fue absuelto el colaborador de El País.cr ante demanda de vicealcaldesa de Carrillo. En el caso del profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin la Sala III confirmó absolutoria por la demanda interpuesta por la compañía minera Industrias Infinito.
Las declaraciones del Ministro de Planificación en La Nación del 17-11-13
mostraron una clara intención, una vez más, de contribuir a la
estigmatización, intolerancia y criminalización de los movimientos
sociales, necesarios para lograr justicia social y equilibrio de poder.
Ante ello un amplio colectivo de organizaciones sociales y ambientales
reprocho ese tipo discurso de intolerancia social, se busca desviar la
atención de los verdaderos responsables del estancamiento del país.
Contra la impunidad: la verdad.
Ante estos graves hechos de violencia e impunidad, a los que se suma el
asesinato de Jairo Mora, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta
de crear una “Comisión de Justicia y Verdad Ambiental” para documentar
atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente.
El Gobierno no solo se ha negado a poner en marcha esta Comisión, sino
que ahora suma a través de Gallardo, más estigmatización, intolerancia y
criminalización, contribuyendo a la caza y extinción de ecologistas.
Esperamos que el próximo asesinato de un activista ambiental no pueda
ser atribuido a este tipo de declaraciones de un jerarca institucional
de nuestro país.
Propuestas. El movimiento ambiental dio un importante paso propositivo al conformar la Alianza de Redes Ambientales -ARA en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Esta iniciativa une a las principales redes ambientales de este país:
FANCA, ANDA, FECON y Encuentro bajo la Ceiba; en una sola voz para
coordinar acciones, agendas y procesos conjuntos en favor del ambiente.
La Alianza de Redes Ambientales (ARA)
inició su proceso de talleres regionales, con el fin de construir e
impulsar una visión de futuro compartida en el tema ambiental, así como
apoyar la articulación de los múltiples esfuerzos en defensa de la
naturaleza que se llevan a cabo en toda Costa Rica. La propuesta “ARAndo sueños”
fue presentada a candidatos a la presidencia en el marco de la una
campaña electoral en deuda con el ambiente. Este evento se centró en
avanzar en una propuesta de futuro ambiental que seguirá en construcción
en el mediano y largo plazo.
A
la memoria de Julio Müller, luchador ecologista de Miramar de
Puntarenas que dio luchas contra la Mina Bellavista, la minería ilegal,
proyectos inmobiliarios, incineradoras y otras tantas. Fue un ser humano
tan sensible como crítico desde sus blogs, debates y su práctica
cotidiana dio un aporte invaluable para la defensa ambiental. ¡Gracias
Julio!
Fuente: FECON
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