Por Marvin Palacios | Defesores en Línea
En los últimos años, las comunidades campesinas del Aguán han sido sometidas a una escalada de muerte, criminalización y persecución, es por ello que el movimiento social demanda la desmilitarización de la zona, el enjuiciamiento de los responsables de más de un centenar de muertes y el cese de la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en la zona.
En los últimos años, las comunidades campesinas del Aguán han sido sometidas a una escalada de muerte, criminalización y persecución, es por ello que el movimiento social demanda la desmilitarización de la zona, el enjuiciamiento de los responsables de más de un centenar de muertes y el cese de la persecución contra los defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen su labor en la zona.
La Ley de Modernización del Sector Agrícola aprobada durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas en 1992, frenó el proceso de reforma agraria impulsado a finales de la década de los años setenta.
Esta ley permitió a los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales apoderarse de grandes extensiones de tierra, concentrando las actividades agrícolas en el cultivo de la palma africana, dejando en condiciones precarias de subsistencia a centenares de familias campesinas.
Es así que la lucha por la recuperación de las tierras ha representado para el movimiento campesino una serie de ataques generadores por el poder económico que actúa bajo la protección de las estructuras del Estado.
“A nosotros como líderes del movimiento campesino, nos están criminalizando, estamos siendo perseguidos, a unos nos tienen con medidas sustitutivas a la prisión”, señaló Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, integrada por 18 movimientos campesinos.
Unos 3 mil 300 campesinos y 700 campesinas enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, robo de fruta y manifestaciones ilícitas, entre otros delitos. La lucha campesina ha recibido como respuesta a su lucha, persecución, represión, amenazas, muerte y desapariciones.
Desde diciembre de 2009, durante casi toda la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (señalado como continuador del golpe de Estado) y en el actual gobierno, han sido frecuentes los desalojos violentos con graves consecuencias para las comunidades campesinas.
Los reportes registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) incluyen denuncias en las que guardias de seguridad privados al servicio de terratenientes, son señalados como responsables de amenazas, intimidaciones, raptos, torturas, desapariciones y asesinatos en contra de campesinos.
Un caso emblemático fue el que se produjo el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón
El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de los campesinos afectados, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas.
Sobre estas acciones, Jaime Cabrera denunció que muchos desalojos han sido violentos, en donde ha habido compañeros heridos, incluso en sus propias comunidades, y tenemos temor porque ellos disparan y lo más grave que está permitiendo el ejército, es prestar el uniforme militar de Xatruch III, a los guardias de seguridad de Corporación Dinant, nosotros tenemos las pruebas”, dijo el dirigente.
El 2 de julio de 2012, familiares del campesino independiente de la comunidad Panamá, Gregorio Chávez denunciaron ante el COFADEH la desaparición de su pariente, que días después, el 6 de julio, fue encontrado semi-enterrado en la finca Paso Aguán, propiedad vigilada por guardias de seguridad privados del terrateniente Miguel Facussé.
Personeros de la Corporación Dinant desmintieron en aquella oportunidad, la participación de guardias de seguridad de esta empresa en la muerte del campesino.
Ese mismo año de 2012, vecinos de la comunidad Panamá reportaron el hallazgo del que se suponía era Jose Antonio López Lara (47) campesino perteneciente a la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón y reportado como desaparecido.
El cuerpo de López Lara fue exhumado gracias a las gestiones del COFADEH que logró la participación de expertos forenses de Guatemala, quienes bajo la autorización de las autoridades judiciales hondureñas, efectuaron la exhumación del cadáver el 25 de abril de 2013. Los familiares identificaron a su familiar desaparecido y posteriormente asesinado.
En aquella oportunidad uno de los forenses comentó a defensoresenlinea.com lo siguiente:..” La osamenta humana presenta una considerable fractura de la zona parietal y occipital del cráneo en la zona izquierda, otra fractura a la altura del pómulo izquierdo y en la mandíbula. A simple vista se observa que podrían existir más fracturas en otras partes de la estructura ósea, lo que hace suponer que fue sometido a torturas y a graves heridas infringidas por sus victimarios…”.
El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Yoni Rivas, señaló que hay muchos hechos que pueden relatarse, por ejemplo lo que ocurrió el pasado 3 de julio de 2014, en la comunidad Panamá, en la que dos jóvenes resultaron heridos de bala cuando la policía atacó la comunidad; lo que hace evidente la participación de estos agentes de las fuerzas de seguridad en contra de una sociedad civil que únicamente lucha por sus derechos.
“Se pudo ver cómo un policía desenfundó su arma 9 mm y disparó a sangre fría contra dos jóvenes que quedaron heridos y tendidos en el suelo”, expresó el dirigente.
El 13 de febrero de 2014 el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco al término de su visita a Honduras expresó en su informe titulado “Aquí no hay investigaciones”, que la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas.
Días más tarde, el 27 de febrero y debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el fiscal general Oscar Chinchilla anunciaba la designación de una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de las muertes violentas, acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.
De esta unidad lo único que se sabe es que practicó una serie de exhumaciones en el Aguán, pero no ha librado requerimientos fiscales hasta la fecha, en contra de los responsables de las muertes violentas en el Aguán.
¿A quién favorece la militarización en el Aguán?
El conflicto del Aguán no solo ha generado la atención de los medios alternativos independientes, sino también de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, que han mostrado preocupación en torno a la militarización de la zona.
Es condenable la remilitarización en el Bajo Aguán desde el golpe de Estado y después de abril de 2010, y que de acuerdo con información expresada por algunos diputados como Wilfredo Paz, esto tiene un costo arriba de los 3 mil 600 millones de lempiras, expresó el vocero de la Plataforma Agraria Regional del valle del Aguán, Yoni Rivas.
Rivas dijo “el conflicto agrario únicamente se hubiese solucionado con mil millones de lempiras, entonces desde ahí podemos ver que es un fracaso total el sistema de militarización”.
El dirigente agregó que en los hechos violentos, se ha podido ver que durante los años anteriores, “no habíamos tenido los niveles de crímenes y de hechos violentos que se han dado desde el 2009 a la fecha, podemos ver que la solución aquí no es remilitarizar la sociedad, sino cómo crear políticas públicas para que el sector campesino pueda tener acceso a la tierra, que lo exige y lo demanda en forma democrática, con propuestas y con diálogo”.
En mayo de 2013, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA) y el COFADEH hicieron posible la visita de una misión parlamentaria de España que se entrevistó con autoridades de gobierno y sobre todo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En un apartado de su informe, la misión conformada por diputados y senadores de influyentes fuerzas políticas del parlamento español, dijo que recibió denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y apuntó que”la excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia”.
Esly Banegas máxima dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), apuntó que la militarización no ha resuelto la problemática que ha pretendido solucionar y de hecho todo ese proceso que la militarización ha venido desarrollando desde abril de 2010, más bien ha traído mayor criminalización.
Esta ley permitió a los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales apoderarse de grandes extensiones de tierra, concentrando las actividades agrícolas en el cultivo de la palma africana, dejando en condiciones precarias de subsistencia a centenares de familias campesinas.
Es así que la lucha por la recuperación de las tierras ha representado para el movimiento campesino una serie de ataques generadores por el poder económico que actúa bajo la protección de las estructuras del Estado.
“A nosotros como líderes del movimiento campesino, nos están criminalizando, estamos siendo perseguidos, a unos nos tienen con medidas sustitutivas a la prisión”, señaló Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, integrada por 18 movimientos campesinos.
Unos 3 mil 300 campesinos y 700 campesinas enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, robo de fruta y manifestaciones ilícitas, entre otros delitos. La lucha campesina ha recibido como respuesta a su lucha, persecución, represión, amenazas, muerte y desapariciones.
Desde diciembre de 2009, durante casi toda la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (señalado como continuador del golpe de Estado) y en el actual gobierno, han sido frecuentes los desalojos violentos con graves consecuencias para las comunidades campesinas.
Los reportes registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) incluyen denuncias en las que guardias de seguridad privados al servicio de terratenientes, son señalados como responsables de amenazas, intimidaciones, raptos, torturas, desapariciones y asesinatos en contra de campesinos.
Un caso emblemático fue el que se produjo el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón
El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de los campesinos afectados, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas.
Sobre estas acciones, Jaime Cabrera denunció que muchos desalojos han sido violentos, en donde ha habido compañeros heridos, incluso en sus propias comunidades, y tenemos temor porque ellos disparan y lo más grave que está permitiendo el ejército, es prestar el uniforme militar de Xatruch III, a los guardias de seguridad de Corporación Dinant, nosotros tenemos las pruebas”, dijo el dirigente.
El 2 de julio de 2012, familiares del campesino independiente de la comunidad Panamá, Gregorio Chávez denunciaron ante el COFADEH la desaparición de su pariente, que días después, el 6 de julio, fue encontrado semi-enterrado en la finca Paso Aguán, propiedad vigilada por guardias de seguridad privados del terrateniente Miguel Facussé.
Personeros de la Corporación Dinant desmintieron en aquella oportunidad, la participación de guardias de seguridad de esta empresa en la muerte del campesino.
Ese mismo año de 2012, vecinos de la comunidad Panamá reportaron el hallazgo del que se suponía era Jose Antonio López Lara (47) campesino perteneciente a la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón y reportado como desaparecido.
El cuerpo de López Lara fue exhumado gracias a las gestiones del COFADEH que logró la participación de expertos forenses de Guatemala, quienes bajo la autorización de las autoridades judiciales hondureñas, efectuaron la exhumación del cadáver el 25 de abril de 2013. Los familiares identificaron a su familiar desaparecido y posteriormente asesinado.
En aquella oportunidad uno de los forenses comentó a defensoresenlinea.com lo siguiente:..” La osamenta humana presenta una considerable fractura de la zona parietal y occipital del cráneo en la zona izquierda, otra fractura a la altura del pómulo izquierdo y en la mandíbula. A simple vista se observa que podrían existir más fracturas en otras partes de la estructura ósea, lo que hace suponer que fue sometido a torturas y a graves heridas infringidas por sus victimarios…”.
El vocero de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Yoni Rivas, señaló que hay muchos hechos que pueden relatarse, por ejemplo lo que ocurrió el pasado 3 de julio de 2014, en la comunidad Panamá, en la que dos jóvenes resultaron heridos de bala cuando la policía atacó la comunidad; lo que hace evidente la participación de estos agentes de las fuerzas de seguridad en contra de una sociedad civil que únicamente lucha por sus derechos.
“Se pudo ver cómo un policía desenfundó su arma 9 mm y disparó a sangre fría contra dos jóvenes que quedaron heridos y tendidos en el suelo”, expresó el dirigente.
El 13 de febrero de 2014 el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco al término de su visita a Honduras expresó en su informe titulado “Aquí no hay investigaciones”, que la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas.
Días más tarde, el 27 de febrero y debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el fiscal general Oscar Chinchilla anunciaba la designación de una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de las muertes violentas, acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.
De esta unidad lo único que se sabe es que practicó una serie de exhumaciones en el Aguán, pero no ha librado requerimientos fiscales hasta la fecha, en contra de los responsables de las muertes violentas en el Aguán.
¿A quién favorece la militarización en el Aguán?
El conflicto del Aguán no solo ha generado la atención de los medios alternativos independientes, sino también de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, que han mostrado preocupación en torno a la militarización de la zona.
Es condenable la remilitarización en el Bajo Aguán desde el golpe de Estado y después de abril de 2010, y que de acuerdo con información expresada por algunos diputados como Wilfredo Paz, esto tiene un costo arriba de los 3 mil 600 millones de lempiras, expresó el vocero de la Plataforma Agraria Regional del valle del Aguán, Yoni Rivas.
Rivas dijo “el conflicto agrario únicamente se hubiese solucionado con mil millones de lempiras, entonces desde ahí podemos ver que es un fracaso total el sistema de militarización”.
El dirigente agregó que en los hechos violentos, se ha podido ver que durante los años anteriores, “no habíamos tenido los niveles de crímenes y de hechos violentos que se han dado desde el 2009 a la fecha, podemos ver que la solución aquí no es remilitarizar la sociedad, sino cómo crear políticas públicas para que el sector campesino pueda tener acceso a la tierra, que lo exige y lo demanda en forma democrática, con propuestas y con diálogo”.
En mayo de 2013, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA) y el COFADEH hicieron posible la visita de una misión parlamentaria de España que se entrevistó con autoridades de gobierno y sobre todo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En un apartado de su informe, la misión conformada por diputados y senadores de influyentes fuerzas políticas del parlamento español, dijo que recibió denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA) y apuntó que”la excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia”.
Esly Banegas máxima dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), apuntó que la militarización no ha resuelto la problemática que ha pretendido solucionar y de hecho todo ese proceso que la militarización ha venido desarrollando desde abril de 2010, más bien ha traído mayor criminalización.
“Se ha profundizado por ejemplo el asesinato de campesinos y campesinas y encontramos que hasta la fecha son más de 125 asesinatos registrados por las diferentes organizaciones, significa que la militarización no es la solución a la situación de crisis que vive el Aguán”, aseguró Banegas.
Lo único que hay es un decreto de desarme pero que solo está dirigido hacia pequeños productores, campesinos y al pueblo en general, no así a las grandes empresas y otras grandes compañías de seguridad que existen en la zona, explicó la dirigenta sindical.
Consultada respecto a quién favorece la militarización, Esly Banegas dijo sin titubear que “en el Aguán favorece a los grandes terratenientes, a los grandes agroexportadores”.
Banegas indicó que los diferentes gobiernos han aprobado leyes que permiten a éstos agroindustriales apropiarse de grandes extensiones agrícolas, que representan las mejores tierras del valle del Aguán, “y la mayor parte están acaparadas por 3 terratenientes (Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales), unos cuantos políticos y otros que se mencionan supuestamente vinculados a acciones ilícitas”.
“El Aguán requiere de mucha voluntad política para resolver la problemática, se requiere que se diga la verdad, que se respeten los derechos humanos, que se respete la vida y que se respeten los bienes naturales que pertenecen al pueblo, que se resuelva la impunidad que día a día campea aquí en el Aguán y que se aplique una verdadera justicia, para que haya paz en la zona que tanto quiere este país”.
Mientras la comunidad internacional mantiene bajo observación la situación del Aguán, en Honduras los medios tradicionales de prensa (salvo algunas pocas excepciones y medios alternativos) replegados desde antaño a los grupos de poder, se han prestado para deslegitimar la lucha campesina por la recuperación de tierras. A los trabajadores y trabajadoras del campo se les ha tildado de invasores, ladrones de fruta, sediciosos, guerrilleros y hasta de terroristas.
Defender los derechos humanos en el Aguán implica una actividad de alto riesgo
El caso del Aguán ha trascendido las fronteras y la cooperación internacional ha destinado apoyo (aunque no suficiente) para que organismos de derechos humanos como el COFADEH, FIAN Honduras y Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras, mantengan un monitoreo constante de la situación en la zona y se capacite a los defensores y defensoras de derechos humanos que realizan un trabajo considerado de alto riesgo.
Sobre este tema, Yoni Rivas aseguró que “aquí hay una permanente persecución hacia los defensores, hacia los que nos dedicamos a defender nuestros derechos, hay asesinatos permanentes, el más reciente ha sido el de un ex presidente de MUCA, el compañero Juan López, asesinado el 11 de noviembre en la comunidad de Rigores”.
De esa descalificación y criminalización de la que hablamos en este reportaje, no se escapan los defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes operadores de justicia, policías y militares intimidan, maltratan, ofenden, demandan acreditaciones y personerías jurídicas, ignorando que la Declaración Sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas en 1998, no establece estas rigurosidades.
Irma Lemus de la Red de defensoras y defensores de derechos humanos del COFADEH y subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) ha vivido en carne propia la criminalización y descalificación que el propio estado ha hecho de su trabajo de defensoría.
Lemus fue acusada ante los tribunales de justicia del municipio de Trujillo, de usurpación de tierras, daños y perjuicios, hurto de ganado y extorsión.
“Esto viene por el acompañamiento que como defensora estaba brindando en ese momento a la empresa campesina Fuerzas Unidas, de ahí se me viene acusando de esos delitos y también por el hecho de ser campesina”, dijo a defensoresenlinea.com la defensora de derechos humanos.
Añadió que nadie desconoce que los miembros del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA) somos campesinas que nos hemos formado en la rama de la defensoría para defender nuestros derechos y las de los otros compañeros.
“Vemos la criminalización de las luchas sociales de defensoría de derechos humanos, la lucha de los campesinos y campesinas y todos los que luchan como las organizaciones populares, enfrentamos esta criminalización que no solo se da por militares, policías, sino también por los jueces y fiscales”.
El pasado 10 diciembre, fecha en la que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, el juez de Trujillo, Fredy Cerén Caballero en vista que la Fiscalía no sustentó pruebas suficientes para reforzar las acusaciones en contra de la defensora, dictó sobreseimiento definitivo en la causa procesal.
“Este gobierno se ha dedicado a través de sus instituciones a criminalizar, el poder judicial está totalmente evidenciado e identificado en la protección de los intereses de los grandes capitales, aquí los procesos judiciales en contra de los compañeros acusados de usurpación de tierras es una cifra que cada vez más se eleva”, apuntó Yoni Rivas.
La Fundación Internacional para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos, Frontline Defenders, con sede en Irlanda, instó recientemente al Gobierno de Honduras para que se ponga fin a todas formas de difamación e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de parte de funcionarios públicos, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas.
Frontline Defenders solicitó que se asegure que todos los defensores de derechos humanos en Honduras puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de restricciones, incluyendo el hostigamiento judicial.
Entretanto Marta Arnold, quien se desempeña como coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA), comentó que las defensoras y defensores se enfrentan a persecución, intimidación de parte de las autoridades gubernamentales y amenazas.
Para el caso, Arnold se quejó del trato que reciben de parte del comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III, coronel Jovel Martínez, quien nos dice que “nosotros no somos nadie, que somos los mismos pícaros campesinos y que no tenemos personería jurídica”.
“Este señor usa estas frases para intimidarnos, para hacernos sentir mal frente a sus subalternos y ante los jueces que andan ejecutando los desalojos e incluso nos falta al respeto, al decir que nosotros no somos nadie, cuando un defensor es un defensor en todo lugar”, sostuvo Arnold.
Otro obstáculo que enfrentan los defensores y defensoras es que se les niega información como en las oficinas de Xatruch III, coartando esta libertad constitucional y el derecho a ejercer libremente la tarea de defensoría.
A pesar que los jueces y fiscales en su mayoría, sí reconocen la labor que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos en el Aguán, Marta Arnold señaló que al final se inclinan por las personas que tienen más poder, incluso algunos fiscales nos han dicho: nosotros sabemos que ustedes tienen la razón, pero al final el juez es el que determina sus casos”.
Otros defensores de derechos humanos han pagado con su vida la labor de defender el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas. Este fue el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera quien el 22 de septiembre de 2012 fue asesinado por sicarios en Tegucigalpa.
Antes de su muerte Antonio Trejo Cabrera denunció ante los medios de comunicación las constantes amenazas a muerte de que era objeto y culpó de las amenazas a los agroindustriales Miguel Facussé y René Morales.
La Declaración sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada en 1998 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala en su artículo 1 que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
El artículo 2 establece que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a sus jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos estos derechos y libertades.
Actualmente se encuentra estancada en la Cámara Legislativa la Ley de protección para defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, argumentado falta de presupuesto.
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